Ricardo Homs

El zafarrancho en Sanjuanico vuelve a poner el dedo en a llaga. Nuestro sistema policiaco no tiene autoridad ni inspira respeto ciudadano.

La incursión de policías de la Ciudad de México en el territorio del Estado de México, desató un conflicto mayúsculo que enfrentó a los policías con los pobladores, con un saldo de gente golpeada.

Vivimos una crisis de autoridad desde hace años porque la gente no cree en las instituciones policiacas y ello les quita legitimidad.

Sin embargo, el problema no es el agente de la policía que da la cara durante los conflictos en la calle, sino el sistema corrupto que está detrás de ellos, desde los mandos policíacos que tienen sus intereses propios, así como los funcionarios que están por encima de ellos.

Los policías son simplemente la “carne de cañón”. Agentes mal pagados, que muchas veces deben pagar por sus uniformes y sus armas, que además deben entregar cuotas obtenidas a través de la extorsión al ciudadano, no podemos considerarlos totalmente culpables, sin pasar la responsabilidad a sus jefes, que son quienes han fallado.

Durante años se han destinado grandes sumas de dinero, que salen del gobierno federal hacia los estados, para profesionalizar las policías estatales y municipales. ¿Dónde quedaron esos recursos?… ¿En manos de quien están?.

El grave riesgo es que los delincuentes pueden aprovechar esta coyuntura de descrédito y falta de legitimidad según el ciudadano, para debilitar a la autoridad y beneficiarse teniendo impunidad.

Una muestra de ello es que hubo encapuchados que durante ese conflicto, entre policía y ciudadanos de Sanjuanico, vandalizó una tiendas de autoservicio y la saqueó, cometiendo así delitos aprovechando el caos.

Ahora que el gobierno entrante dio a conocer su programa en el ámbito de la seguridad pública, a través de quien llevará a cabo esa responsabilidad, Alfonso Durazo, se reactivó la polémica de la Ley de Seguridad Interior, si es legítimo el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia o no.

Según dicen los expertos en jurisprudencia, la Constitución define que las fuerzas armadas en tiempos de paz se deben dedicar a actividades castrenses dentro de los cuarteles y no en las calles.

Sin embargo, según la percepción ciudadana, expresada a través de investigaciones de opinión pública, las fuerzas armadas son una de las tres instituciones con mayor credibilidad ciudadana, junto con las universidades y la iglesia.

Es evidente que aunque la legislación defina que las fuerzas armadas no deben estar enfrentando a la delincuencia, ellas son las únicas con capacidad y autoridad moral para proteger a la ciudadanía.

Esto quiere decir que ante la incapacidad y falta de confianza en las instituciones policiacas, infiltradas por la delincuencia y dominadas por la corrupción, que son las que tienen la responsabilidad de brindar seguridad y protección a la ciudadanía, se hace necesario burlar la ley y seguir involucrando al Ejército y la Armada en una responsabilidad que no les corresponde y que la ley prohíbe, para poder brindarnos tranquilidad y protección.

Tres años para formar la Guardia Nacional, pero a final de cuentas, las fuerzas armadas seguirán cuidando de nosotros, nuestras familias y nuestro patrimonio.