Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. — Usuarios y víctimas de violencia han presentado serias denuncias sobre el funcionamiento del Ministerio Público del Área de Género en la Casa de Justicia de Huauchinango. Lejos de encontrar protección y atención digna, señalan enfrentar malos tratos, indiferencia y obstáculos para acceder a la justicia.
Las denuncias principales:
- Minimización de la violencia: Víctimas reportan frases como: “¿Para qué quieres levantar una denuncia, si de todos modos vas a regresar con tu marido?”, en lugar de recibir acompañamiento.
- Carpetas estancadas: Expedientes con elementos suficientes para avanzar permanecen sin movimiento, sin que los tres agentes del Ministerio Público del área agilicen las investigaciones.
- Atención selectiva: Personas sin recursos o sin abogado particular reportan que sus asuntos quedan en segundo plano; incluso habitantes de municipios como Tlaola enfrentan mayores dificultades.
- Cuestionamientos al personal: Se señala a las y los agentes Ana Esther Pérez Pérez, Lizbet Bass Vargas y Genaro Lazcano Octaviano, cuestionando su experiencia, desempeño y profesionalismo.
- Atención postergada: La constante justificación de estar “en audiencia” se ha convertido, según los usuarios, en un argumento recurrente para no atender.
- Presuntos condicionamientos: Existen señalamientos sobre presuntas solicitudes de dinero para agilizar trámites, así como dudas sobre el manejo de recursos y posible participación de superiores jerárquicos.
Lo que exigen los ciudadanos; que las autoridades competentes revisen el desempeño del personal, supervisen el avance de las carpetas de investigación, investiguen las presuntas irregularidades y garanticen una atención digna, sensible y libre de revictimización para todas las personas usuarias.
“Denunciar no debería convertirse en otra experiencia de violencia. Buscar justicia no debería costar dinero adicional. Y ninguna víctima tendría que suplicar para que una autoridad cumpla con su trabajo.”
¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia? Es la pregunta que hoy hacen quienes acudieron a las autoridades y, en lugar de respuestas, encontraron indiferencia.
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