Ricardo Homs

El reconocimiento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, respecto a que hubo filtración de datos en el caso de la menor que acusa de violación a policías uniformados de la CDMX, pone de relieve la problemática de la impartición de justicia, que es la falta de confianza ciudadana en las autoridades y derivado de ello, el bajo índice de denuncias, lo cual repercute en impunidad y esto en un estímulo para que se incremente el número de delitos.

El manejo irresponsable de la información de las víctimas en los ministerios públicos y en las dependencias encargadas de procuración de justicia, es la causa de la impunidad y la desconfianza de la ciudadanía.

Impunidad y crecimiento de la delincuencia van de la mano.

No debemos olvidar el caso de Nayelli, la enfermera que el 8 de junio del 2016 fue violada en Huauchinango, Puebla, quien denunció el hecho sin tener atención de las autoridades y un año después, al reconocer a uno de sus agresores a bordo de una patrulla de policía y poner esto en conocimiento de las autoridades, lo que logró fue que estos la buscaran en su casa y la volvieran a violar con sadismo, amenazandola de represalias peores si ella insistía en su denuncia.

Si la información privada de la víctima hubiese sido guardada con reservas y no hubiese estado disponible, no habría sucedido esto.

Esto mismo puede suceder con la menor que acusó haber sido violada por policías de la CDMX. Al no estar protegida su información confidencial, está expuesta a ser amenazada, incluso de forma anónima, para aterrorizarla a fin de obligarla a que se retracte de su denuncia. Esto hoy puede suceder a través de llamadas telefónicas, redes sociales o incluso, en contacto personal, con ella o con su familia.

Es urgente y necesario crear protocolos de seguridad para salvaguardar la información privada de las víctimas.

Lo grave es que el crecimiento de los delitos va de la mano de incremento en el nivel de sadismo.

Hoy morir a manos de un delincuente no es lo peor, sino la forma en que esto se consuma.

Otro punto que queda claro es que la impunidad está relacionada con la falta de control del perfil de la gente que trabaja en los cuerpos policiacos y en los aparatos de procuración de justicia. Los “soplones” que alertan a los delincuentes respecto de las acciones en su contra son funcionarios públicos. Es sabido que muchos policías trabajan directamente para el crimen organizado y le hacen el trabajo sucio.

Quedó claro y sin dudas que en la masacre de las 43 víctimas de Ayotzinapa, fueron policías quienes entregaron a los estudiantes a sus victimarios.

Esto pone en evidencia que todos los niveles de gobierno carecen de sistemas de valoración para evaluar a los candidatos a ocupar cargos públicos y por tanto, no hay control.

Es difícil evaluar a todo el personal que trabaja en gobierno, pero por lo menos se debiese empezar por investigar el perfil de quienes están en los cuerpos policiacos y en los ámbitos de

procuración de justicia. Esta debe ser una prioridad, como parte de la nueva estrategia de combate al crimen organizado.

Los estudios deben estar centrados en lo referente a confianza, madurez emocional y valores morales. Quienes son responsables de nuestra seguridad, el primer requisito que deben cumplir es confiabilidad. Por tanto, la estrategia de seguridad debe iniciar con una mirada exploratoria hacia adentro. Ahí puede haber grandes sorpresas. Lo que falta para hacerlo, es voluntad política.

¿Usted cómo lo ve?