Video: ¡Ni dos recomendaciones al mes hizo Rosa Isela Sánchez en la Comisión Estatal de Derechos Humanos-Puebla en su primer año!

• 18 recomendaciones emitió Isela Sánchez Soya en su primer año al frente de la CEDH

Jorge Barrientos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla concluyó el primer año de gestión de Isela Sánchez Soya con un balance que pone en entredicho la efectividad del organismo: de 8,563 quejas recibidas, apenas 18 derivaron en recomendaciones públicas contra autoridades, lo que representa un raquítico 0.21 por ciento del total.

Las cifras presentadas ante el Congreso del Estado revelan que la gran mayoría de los expedientes se cerraron sin que la CEDH ejerciera su función primordial: señalar formalmente a las instituciones responsables de violaciones a derechos humanos y exigir reparación del daño con criterios verificables.

4,992 expedientes cerrados sin transparencia
El dato más alarmante del informe es que 4,992 quejas —más de la mitad del total de expedientes concluidos— fueron resueltas “durante el trámite”, sin que la presidenta de la CEDH explicara públicamente qué tipo de solución se alcanzó, si hubo reparación efectiva del daño o si las autoridades señaladas asumieron responsabilidades.

Esta categoría ambigua, que carece de rendición de cuentas clara, permite cerrar masivamente expedientes sin generar consecuencias institucionales para los servidores públicos denunciados. En la práctica, funciona como un mecanismo de archivo administrativo que diluye la gravedad de las violaciones reportadas.

Cierre masivo por razones burocráticas
Del universo de 6,091 expedientes cerrados (78% del total), una proporción considerable se archivó por motivos procedimentales: falta de competencia, no ratificación, desistimiento, falta de interés y acumulación de casos. Si bien estas causales son legalmente válidas, su volumen plantea interrogantes sobre la capacidad del organismo para orientar adecuadamente a las víctimas y mantener su confianza en el proceso.

El desistimiento y la falta de interés procesal, en particular, pueden reflejar desencanto de los quejosos ante la lentitud o ineficacia percibida del organismo, un indicador de erosión en la credibilidad institucional de la CEDH.

Solo 40 resoluciones formales en un año

Frente a más de 8,500 denuncias, la CEDH emitió únicamente 40 resoluciones formales: 18 recomendaciones y 22 conciliaciones. Esto significa que el 99.5 por ciento de las quejas no derivaron en instrumentos públicos de señalamiento o reparación verificable.

Las recomendaciones son el principal mecanismo que tienen las comisiones de derechos humanos para documentar violaciones, exhibir a autoridades responsables y generar precedentes que prevengan futuras transgresiones. Emitir solo 18 en un año, en un estado con graves problemas estructurales en materia de tortura, condiciones penitenciarias, seguridad jurídica y debido proceso, evidencia una CEDH que ha renunciado a incomodar al poder público.

Conciliación como estrategia de evasión
Sánchez Soya justificó el modelo de atención basado en la conciliación argumentando que resulta menos desgastante para las víctimas. Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad más incómoda: la conciliación privada permite a las autoridades violadoras de derechos humanos evadir el escrutinio público y evitar que sus prácticas abusivas queden documentadas en recomendaciones formales.

Un organismo que privilegia

sistemáticamente la conciliación sobre la recomendación pública no está protegiendo a las víctimas, está protegiendo a las instituciones del Estado de la rendición de cuentas. Esta lógica convierte a la CEDH en un mecanismo de gestión de crisis reputacionales para el gobierno, no en un contrapeso del poder.
Crisis penitenciaria sin respuesta contundente

En uno de los temas más graves para los derechos humanos en Puebla, el informe reconoce que permanecen abiertos 32 expedientes relacionados con posibles casos de tortura. Esta cifra, lejos de ser menor, representa una crisis estructural en los centros de reclusión del estado.

A pesar de haber realizado 139 visitas a penales, la CEDH no reporta recomendaciones específicas que hayan generado cambios sustanciales en las condiciones de detención, protocolos de seguridad o mecanismos de prevención de la tortura. Las “acciones de dignificación” mencionadas en el informe carecen de indicadores concretos que permitan verificar su impacto real.

Que después de un año de gestión sigan abiertos 32 casos de posible tortura sin resoluciones públicas contundentes revela la incapacidad o falta de voluntad de la CEDH para enfrentar uno de los problemas más graves del sistema penitenciario poblano.

Rezago del 22% en expedientes
Mantener 1,832 quejas en trámite, equivalentes al 22 por ciento del total, refleja una capacidad de respuesta institucional insuficiente.

Este rezago acumulado en apenas un año sugiere que el organismo está desbordado o que prioriza el cierre rápido de expedientes —aunque sea sin resoluciones de fondo— sobre el acompañamiento efectivo a las víctimas.

Activismo estadístico sin resultados medibles

El informe señala 802 actividades de capacitación y 85 convenios de colaboración, cifras que suenan impresionantes hasta que se constata la ausencia total de indicadores de impacto.

No se informa si las capacitaciones redujeron las violaciones a derechos humanos en las instituciones participantes, ni si los convenios generaron cambios verificables en las prácticas de las autoridades.

Las 589 medidas cautelares y las 33 acciones de hábeas corpus tampoco vienen acompañadas de información sobre su efectividad