MÉXICO EVALÚA
La inversión privada requiere una sola condición indispensable para concretarse, y esa es la certidumbre. En México, hoy estamos lejos de ofrecerla. La desinstitucionalización acelerada desde el sexenio anterior y continuada en el actual Gobierno ha debilitado el entorno predecible, transparente y estable, y ello inhibe cualquier decisión de inversión a mediano y largo plazo.
Un ejemplo elocuente es el caso del sector salud: durante el sexenio pasado, 256 mil millones de pesos presupuestados para personas sin seguridad social no se ejercieron ni se transparentó su destino. ¿Cómo confiar en un gobierno que puede desviar recursos esenciales sin rendición de cuentas?
A esto se suma la expansión de la violencia en todas sus formas. Los reacomodos entre cárteles anticipan nuevas crisis en cada vez más entidades. Un foco crítico al día de hoy es Veracruz, donde grupos criminales buscan capturar las elecciones municipales. La inversión, nacional o extranjera, no prospera donde rige la ley del más fuerte.
Por si fuera poco, las fiscalías están rebasadas. En la Ciudad de México, la confianza en el Ministerio Público es mínima, con percepciones de corrupción superiores al 80%. La propuesta de elegir jueces mediante voto popular no tocará el corazón del problema: fiscalía ineficientes y opacas. Sin justicia, no hay piso parejo ni inversión posible.
La retórica optimista del gobierno, signada en el Plan México, será un castillo en el aire si lo que se busca es atraer la inversión sin dar certidumbre.
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