DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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“En México los jueces imparten el derecho, no la justicia; es raro encontrar a uno que sí quiera conocer la verdad, a pesar de que se supone que deben saberla” antes de emitir un fallo, afirmó Alexandro Sin Stamatiades, del bufete de abogados Sobrado, Juárez & Stamatiades y, principalmente, miembro destacado de los litigantes que, en muchas ocasiones, padecen las fallas, carencias, insuficiencias y hasta compromisos o vicios de quienes integran el poder judicial local y federal.

Con dos maestrías, una en Derechos Corporativo y otra en Económico y, principalmente, la amarga experiencia de litigar en instancias locales y federales, Alexandro Sin Stamatiades aceptó lo que todos los mexicanos sabemos: Que urge reformar al poder judicial, aunque advirtió que el proyecto de la 4T llevaría la intención de CONTROLAR a magistrados y jueces, en lugar de verdaderamente depurar el sistema de justicia.

En entrevista, un conocedor y practicante diario del derecho, pero que, como muchos millones de profesionales, no fue consultado por Morena, la 4T ni la oposición acerca de la reforma al poder judicial recién avalada por los partidos en el gobierno, subrayó que sí era posible mejorar dicho rubro, pero sin objetivos político-partidistas, ni con la evidente intención de MANEJAR a dichas instituciones, sino con el objetivo de PROFESIONALIZAR y quitarle sesgos a la impartición de justicia.

MÉRITOS E INDICADORES DE EFICIENCIA JURÍDICA, LO QUE LA REFORMA NO INCLUYÓ

No es la mejor opción que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular, ya que se politiza este proceso, se les expone a poderes fácticos, como el hecho de que, en sus resolutivos, tengan que quedar bien con quienes les paguen sus campañas, lo que echa por tierra su presunta imparcialidad.

Es cierto que dicho poder necesita cambios estructurales, pero no relativos a su forma de elección, sino enfocados a méritos, pruebas de confianza, experiencia, trayectoria, indicadores de eficiencia en sus resolutivos, para que los representantes del Poder Judicial sean

–REALMENTE- los mejor calificados, expuso Sin Stamatiades.

Actualmente tampoco se sigue un proceso de supervisión y promoción de jueces mediante su capacidad jurídica o que sus resolutivos sean apegados a derecho, porque lo que se hace es circularlos, cuando lo que se debería hacer es evaluarlos con indicadores legales y profesionales claros.

Politizar, hacer que un juez o ministro sea votado por elección popular no implica que lleguen a la SCJN, el máximo tribunal del país, los mejores o más calificados, sino los populares, quienes tengan mayores recursos para sus campañas u obtengan un fuerte padrinazgo partidista o de grupo, advirtió el abogado.

APLICAR EL DERECHO NO NECESARIAMENTE ES IMPARTIR JUSTICIA

Los jueves, ministros y magistrados tendrían que ser los más preparados, actualizados, quienes hayan emitido un mejor porcentaje de dictámenes que se mantuvieron firmes en las demás instancias, pese a los recursos de apelación y/o amparo o revisión de las partes en litigio. Para esto, se necesita experiencia, un mínimo de 30 o 35 años, apuntó Sin Stamatiades.

En lugar de votar por jueves o ministros, lo que sí debería hacerse es elegir a los fiscales, para que la gente los conozca, vea quiénes son los que atrapan a más delincuentes, respetan derechos humanos, resuelven delitos y logran armar investigaciones FIRMES ante las instancias respectivas, propuso el maestro en Derecho Económico y Corporativo.

Uno de los principales argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores a favor de la Reforma Judicial es el hecho de que en Estados Unidos se eligen jueces por voto. Pero esto no toma en cuenta que los derechos mexicano y americano son muy diferentes, ya que en nuestro país aplican un concepto positivista; es decir, la aplicación estricta de la ley, pero sin tomar en cuenta la justicia o las circunstancias de lo ocurrido y, muchas veces, sin conocer la verdad de los casos.

Además, en Estados Unidos se basan en los antecedentes y toman en cuenta las circunstancias personales o generales relacionadas con el litigio, dan a la gente la oportunidad de exponer sus condiciones e, incluso, elegir bajo qué sistema prefiere que se dirima el asunto, finalizó Sin Stamatiades.