Angélica Tenahua Arévalo

Este martes por la noche el cabildo capitalino, aprobó el primer paso para la remunicipalización del servicio del agua y la solicitud al Congreso del estado, para que se le regrese las facultadas al ayuntamiento para llevar el servicio, además del inicio del proceso de la revocación de la concesión de la empresa Agua de Puebla.

En sesión extraordinaria se avaló con 17 votos a favor, 5 en contra por parte de los panistas y 2 abstenciones, para que el dictamen se estudie, examine, instruya, recomiende, dictaminé, informe y ponga solución lo concerniente al SOAPAP, sus aguas residuales y servicios que presta a la concesión.

En su turno la presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, aseveró que existen muchas irregularidades y que no se puede permitir que una empresa siga aprovechándose de los poblanos.

Al aclarar que con este dictamen se le pide al Congreso del estado que se regresen las facultades al ayuntamiento para que esté a cargo del servicio y que se acabe los abusos y la privatización del agua, así como la solicitud de las auditorias por parte de los tres niveles de gobierno.

“No somos ingenuos y menos soberbios y si en equipo se pueden lograr muchas cosas sin dañar a la sociedad”, enfatizó.

En su intervención, la regidora panista, Augusta Díaz de Rivera, señaló que faltan argumentos para una revocación de la concesión al destacar que la fracción que representa no está en contra, pero es necesario mayor análisis.

“Este dictamen es insuficiente para determinar la revocación en este momento, debido a que los miembros de esta comisión de Agua, no deberían pedir que los tres órdenes de gobierno realicen las auditorias de convenios cuando no se puede y de la venta de terrenos para las plantas tratadoras de agua”, reprochó.

La panista, indicó que también se pide la auditoria de los recursos que maneja la empresa, al destacar que es más lógico que se regrese el dictamen a la comisión para que se analice y estudien con los resultados obtenidos.

Ante esto, calificó como irresponsable a que se avale este dictamen porque no tienen conocimiento de donde saldrá los recursos para hacer enfrente revocación, “estamos lleno en contra de los ciudadanos, no podemos con más derroches de dinero, estamos viviendo en el limbo, seamos serios”.

La regidora solicitó que se regrese a comisión, debido a que no está sustentado y que se informe sobre el impacto presupuestal que tendrá, cuánto pagarán los poblanos, al recordar que el tesorero municipal, Armando Morelos Aparicio, señaló que la revocación costaría más de 3 mil millones.

Por su parte el regidor, Edson Cortés Contreras, rechazó que la remunicipalización del agua se vea como un tema de promesa de campaña, sino para defender los derechos de los ciudadanos, debido a que el servicio es un derecho que todos se merecen.

Dentro del dictamen se establece que Contraloría del estado, Auditoria Superior de la Federación y Contraloría municipal, puedan auditar el proceso de licitación, así como el uso de recursos federales públicos por parte de Agua de Puebla para la realización de obras.

También se realizarán, investigaciones para revocar el contrato con la empresa por motivo de incumplimiento del mismo, por lo que será el primer paso para la remunicipalización del agua.

Asimismo, se establece que el gobierno municipal deberá garantizar la rectoría pública en la dotación del servicio y que se respete el artículo 115.

Asimismo, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, debe instruir a los titulares de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, así como a la secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y Gobernación y al SOAPAP, a una acción firme y determinante en la observación de los compromisos establecidos en la concesión y vigile con todo rigor que el servicio de agua sea suficiente, salubre, y aceptable.

De igual forma, que se implementen todas las medidas necesarias para que le municipio asuma la responsabilidad que le otorga el artículo 130 de la ley orgánica municipal, que le brinda al facultad de fijar cuotas del pago del agua.

Cabe recordar, que se privatizó el servicio en el 2013 con el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Es importante señalar, que el voto en abstención fue por parte de la regidora Libertad Aguirre Junco y Silvia Tanús Osorio.

Esto se discutió por más de una hora.