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La Comisión ha publicado hoy su quinto Informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que examina sistemática y objetivamente la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. En comparación con la primera edición del Informe sobre el Estado de Derecho adoptado en 2020, los Estados miembros y la UE en su conjunto están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes. Esto contribuye a la resiliencia de nuestras democracias europeas y a la confianza mutua en la UE. También contribuye al buen funcionamiento del mercado único y beneficia al entorno empresarial que fomenta la competitividad y el crecimiento sostenible.

Desde su primera publicación en 2020, el informe se ha convertido en un verdadero motor de reformas positivas: Dos tercios (68 %) de las recomendaciones formuladas en 2023 se han abordado, total o parcialmente. Sin embargo, en algunos Estados miembros persisten preocupaciones sistemáticas y la situación se ha deteriorado aún más. Estas preocupaciones se abordan en las recomendaciones del informe de este año. En el presente informe no se formulan recomendaciones para los países candidatos, ya que las recomendaciones para estos países se formulan exclusivamente en el contexto del paquete de ampliación anual.

El informe de este año incluye, por primera vez, cuatro capítulos sobre la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. La inclusión de estos países candidatos, los más avanzados en el proceso, en el Informe sobre el Estado de Derecho apoyará sus esfuerzos de reforma, ayudará a las autoridades a seguir avanzando en el proceso de adhesión y a prepararse para seguir trabajando en el ámbito del Estado de Derecho como futuro Estado miembro.

Más de 7 de cada 10 ciudadanos de la UE están de acuerdo en que la UE desempeña un papel importante a la hora de ayudar a defender el Estado de Derecho en su país, según una encuesta especial del Eurobarómetro publicada hoy. Cerca de 9 de cada 10 ciudadanos de la UE consideran importante que todos los Estados miembros respeten los valores fundamentales de la UE, una opinión estable desde 2019. Además, el sentimiento de estar informado sobre los valores fundamentales de la UE ha mejorado significativamente en muchos países: en conjunto, el 51 % de los ciudadanos de la UE se sienten bien informados sobre los valores fundamentales y el Estado de Derecho de la UE, frente al 43 % en 2019.

El informe de 2024, al igual que todos los años, incluye una Comunicación en la que se examina la situación en la UE en su conjunto y 27 capítulos (uno por país) en los que se analiza la evolución en cada Estado miembro. El informe también incluye una evaluación de las recomendaciones propuestas el año anterior y, sobre esta base, formula, una vez más, recomendaciones específicas dirigidas a todos los Estados miembros.

El informe abarca cuatro pilares: los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios.

Principales conclusiones y recomendaciones

Reformas en el ámbito de la justicia

Las reformas en el ámbito de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año, y muchos Estados miembros han seguido las recomendaciones de 2023 y han aplicado las reformas acordadas en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Varios Estados miembros han iniciado o han seguido avanzando con importantes reformas para reforzar la independencia judicial. Han emprendido esfuerzos legislativos para reforzar la independencia y la eficacia de los Consejos del Poder Judicial, mejorar los procedimientos de nombramiento de los jueces, también en lo que respecta a sus más altos tribunales, o reforzar la autonomía de las fiscalías. Al mismo tiempo, persisten algunas preocupaciones sistémicas en relación con la independencia judicial y se han observado casos específicos de deterioro. Los Estados miembros también han introducido medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, así como a facilitar el acceso a la misma. Sin embargo, en varios Estados miembros, la remuneración de jueces y fiscales es motivo de preocupación y ha planteado dificultades para contratar personal judicial cualificado.

Por consiguiente, el informe de este año recomienda a los Estados miembros que aborden retos como la necesidad de salvaguardias en los procedimientos de nombramiento de jueces tanto para los tribunales de instancias inferiores como para los puestos de alto nivel, la autonomía de las fiscalías o la necesidad de proporcionar recursos adecuados al poder judicial, también en lo que respecta a los salarios.

En los países candidatos, se han emprendido importantes reformas, también a nivel constitucional, para reforzar la independencia judicial y la calidad de los sistemas judiciales. Sin embargo, es necesario seguir trabajando, en particular en ámbitos relacionados con el funcionamiento de los órganos de autogobierno del poder judicial y con los nombramientos judiciales.

Marcos de lucha contra la corrupción

La corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos y las empresas de la UE, según los resultados de la encuesta especial y de la encuesta Eurobarómetro Flash de 2024 sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas frente a la corrupción en la UE.

Los resultados del Eurobarómetro especial muestran que los europeos siguen preocupados por los esfuerzos de los gobiernos nacionales para hacer frente a la corrupción: El 65 % de los ciudadanos cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen suficientemente, y solo el 30 % cree que los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la corrupción son eficaces. Del mismo modo, el 51 % de las empresas con sede en la UE cree que las personas o empresas que participan en prácticas corruptas son descubiertas o delatadas a las autoridades. De estas empresas, alrededor de tres cuartas partes creen que unos vínculos demasiado estrechos entre las empresas y la política conducen a la corrupción (79 %) y que el favoritismo y la corrupción socavan la competencia empresarial (74 %). En toda la UE, una media del 68 % de los ciudadanos y del 64 % de las empresas con sede en la UE consideran que la corrupción está muy extendida en sus Estados miembros.

Desde el año pasado, los Estados miembros han mejorado su panorama institucional para luchar mejor contra la corrupción, en particular aumentando los recursos y la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fiscalías y el poder judicial. Al mismo tiempo, son necesarias nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos, como los que rigen las actividades de los grupos de presión y los conflictos de intereses y las normas de declaración de patrimonio, así como para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción. Esto se refleja en las recomendaciones de este año.

En los países candidatos se reforzaron las disposiciones jurídicas e institucionales, aunque es necesario seguir reforzando la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Desde el último Informe sobre el Estado de Derecho, varios Estados miembros han adoptado medidas concretas para mejorar la seguridad y el entorno de trabajo de los periodistas, también a la luz de iniciativas de la Comisión como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2025, la Directiva y la Recomendación sobre demandas estratégicas contra la participación pública y la Recomendación sobre la seguridad de los periodistas.

Además, las tareas y competencias de varios reguladores nacionales de los medios de comunicación se han ampliado y prorrogado, también debido a la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales de la UE, así como a la nueva creación o ampliación de los registros de propiedad en línea.

Sin embargo, en varios Estados miembros persisten preocupaciones en relación con la gobernanza independiente o la estabilidad financiera de los organismos de radiodifusión de servicio público, la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, el derecho de acceso a los documentos públicos y la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal. La Comisión ha formulado, una vez más, varias recomendaciones sobre todos estos ámbitos, incluida la seguridad de los periodistas.

En los países candidatos existen retos, en particular en lo que se refiere a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la independencia de los reguladores o de los servicios públicos y la seguridad de los periodistas, aunque también se han llevado a cabo reformas en algunos de ellos para abordar algunas de estas cuestiones.

Controles y equilibrios institucionales

Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos legislativos e implicando a las partes interesadas en estos procesos, una tendencia observada en los anteriores informes sobre el Estado de Derecho. Algunos Estados miembros reforzaron el estatuto y los recursos de las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes. También han proseguido las iniciativas para reforzar el marco y la financiación de la sociedad civil en varios Estados miembros.

Sin embargo, siguen existiendo retos en varios Estados miembros, como el uso excesivo de procedimientos acelerados o la calidad general de la legislación, así como en la consulta a las partes interesadas. La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se han enfrentado cada vez a más retos, restricciones legales y ataques, incluidas restricciones sistémicas de sus operaciones en determinados Estados miembros. Esta es una tendencia preocupante ya señalada en el informe anterior.

Para abordar los problemas detectados, la Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del proceso legislativo, el establecimiento y el funcionamiento de autoridades independientes y el entorno propicio para la sociedad civil.

En los países candidatos, siguen existiendo retos en relación con el seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Defensor del Pueblo y otros organismos independientes. También se observan retos en relación con la calidad de la legislación y las consultas con las partes interesadas.

Próximos pasos

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a seguir manteniendo debates generales y específicos por países sobre la base de este informe, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas, para seguir examinando cómo lograr avances concretos. La Comisión también pide a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas y agentes clave que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a escala europea, potenciando un mayor compromiso por parte de los ciudadanos. Finalmente, la Comisión invita a los Estados miembros a abordar de manera eficaz tanto las oportunidades como los retos señalados en el Informe y está dispuesta a ayudarles en la labor de poner en práctica las recomendaciones formuladas.

Como anunció la presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas para 2024-2029, la Comisión seguirá mejorando su seguimiento y presentación de informes, y reforzando los controles y equilibrios, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. Para garantizar que el informe examine todas las cuestiones en toda Europa, se añadirá al informe una dimensión del mercado único. Esto abordará las cuestiones relativas al Estado de Derecho que afectan a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que operan a través de las fronteras.

En el caso de los países candidatos, la Comisión seguirá haciendo un seguimiento de los problemas detectados, en particular en sus próximos informes anuales sobre la ampliación. Se incluirán otros países candidatos en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén listos.

Contexto

El Estado de Derecho es crucial para todos los ciudadanos y las empresas de la UE, ya que es una condición previa para el respeto de otros valores. Garantiza el respeto de los derechos fundamentales en consonancia con un conjunto de valores democráticos fundamentales, garantiza la aplicación del Derecho de la UE y apoya un entorno empresarial favorable a la inversión. Es parte integrante de la propia identidad de la Unión Europea.

El Informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas, e incluye a todos los Estados miembros y a cuatro países candidatos utilizando la misma metodología transparente y objetiva para examinar las mismas cuestiones en cada uno de ellos. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde la adopción del cuarto Informe en julio de 2023 adaptándose a la evolución de estos cambios.

El informe ocupa un lugar central en el Ciclo anual de examen del Estado de Derecho. Este ciclo anual tiene carácter preventivo y está dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o agravamiento de problemas. Es independiente de los demás instrumentos del Estado de Derecho de la UE y complementa, pero no sustituye, a los mecanismos basados en el Tratado, con el objetivo de que la UE pueda responder a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores fundacionales de la Unión con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

La quinta edición del informe formula recomendaciones específicas para todos los Estados miembros, una práctica que se introdujo en 2022. El análisis también contiene una evaluación cualitativa de los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de 2023, teniendo en cuenta el contexto general de los Estados miembros. En función de los progresos realizados en las distintas subpartes de cada recomendación, la Comisión ha concluido su evaluación en cada caso utilizando las siguientes categorías para hacer un seguimiento de la evolución: ausencia de avances, algunos avances, avances significativos y plena aplicación.

Las recomendaciones de este año se han elaborado sobre la base de la evaluación de los capítulos por país y el diálogo con los Estados miembros, en el pleno respeto del principio de igualdad de trato. Al formular las recomendaciones, la Comisión ha prestado especial atención a mantenerlas centradas y ancladas en los estándares europeos, y ha tenido en cuenta los sistemas jurídicos nacionales. Además, se garantizan la coherencia y las sinergias con otros procesos, como el Semestre Europeo, el mecanismo de condicionalidad presupuestaria y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las posteriores ediciones del Informe sobre el Estado de Derecho examinarán el seguimiento dado a las recomendaciones de este año. Estas deben leerse conjuntamente con la evaluación de los capítulos correspondientes a cada Estado miembro, que examinan motivos de preocupación específicos y tienen por objeto guiarles a la hora de tomar medidas para darles respuesta.

Desde 2020, varias nuevas iniciativas de la UE han aumentado las normas comunes en ámbitos de importancia directa para el Estado de Derecho, basándose en los resultados del seguimiento realizado en el contexto del presente informe. Esto incluye el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y el paquete anticorrupción, incluidas propuestas de nueva legislación para luchar contra la corrupción en la UE y reforzar el régimen sancionador de la UE contra la corrupción en la dimensión exterior de la UE.

Tras el anuncio en el discurso sobre el estado de la Unión de 2023, la inclusión de determinados países candidatos en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024, junto con los Estados miembros, apoyará los esfuerzos de reforma de estos países para lograr avances irreversibles en materia de democracia y Estado de Derecho antes de la adhesión, y para garantizar unas normas estrictas duraderas tras la adhesión. Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia participan ahora en el ejercicio del Informe sobre el Estado de Derecho, lo que refleja los avances realizados en sus respectivos procesos de adhesión, centrándose en el avance del Estado de Derecho. Este enfoque se ampliará en el futuro a otros países candidatos, en función de sus progresos.