Staff/RG

Todos entendemos perfectamente que estas elecciones fueron definidas por el valor que le representó al electorado la ayuda que el gobierno federal otorga a las familias, -de las cuales muchas de ellas-, con esta ayuda pudieron salir de la pobreza.

Sin embargo, ninguna institución representativa del sector empresarial ha reivindicado el origen de las ayudas de tipo social que otorga el gobierno, las cuales, llegan a través de los impuestos que paga el sector productivo del país. Por ello, es fundamental para la integración social y la reconciliación que la sociedad entienda el rol que tiene el sector empresarial en la vida cotidiana de México.

Además, el pago de impuestos de las empresas, -así como de sus trabajadores y sus accionistas-, también genera el presupuesto que permite el financiamiento de servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, la obra pública, la seguridad y además, mantiene la nómina de toda la infraestructura de trabajadores al servicio del estado, por citar algunos rubros.

Es fundamental dejar claro ante la sociedad que los gobiernos no generan recursos económicos, ni tienen la posibilidad de hacer dinero en su fábrica (de billetes), si éste no está sustentado en la productividad del país, que se genera desde la iniciativa privada.

La vocación y la responsabilidad de cualquier gobierno es administrar y redistribuir el dinero que obtiene a través de los impuestos.

Si las empresas mexicanas desaparecieran, -porque dejasen de ser competitivas en los mercados-, el gobierno dejaría de recibir impuestos y tarde o temprano no tendría los recursos económicos para pagar todas las prestaciones y ayudas sociales que hoy reciben millones de familias mexicanas a través del gobierno.

Por ello en los países altamente desarrollados, -y con mayor calidad de vida para su población-, los gobiernos se esfuerzan por ayudar a las empresas a producir más y facilitar las actividades empresariales, pues saben que de ese modo se aseguran de recibir un mayor volumen de impuestos, lo que les permitirá dar mejores servicios públicos y asegurar tener siempre disponible el dinero para pagar las ayudas que generan bienestar a las familias, además de disminuir la pobreza.

Sólo fortaleciendo y apoyando al sector empresarial se podrá garantizar que nunca falte dinero para apoyar a las familias más necesitadas de este país.

Sin embargo, en nuestra idiosincrasia la actividad emprendedora es interpretada negativamente, lo cual genera actitudes colectivas de animadversión y desconfianza, las cuales son alimentadas por ideologías que estigmatizan al sector empresarial como enemigo del pueblo y culpable de las desigualdades e injusticias.

Quizá por ello las empresas, -especialmente las pequeñas y medianas-, han sido olvidadas por este gobierno que finaliza, mientras paradójicamente las grandes fortunas se han incrementado escandalosamente durante este gobierno del presidente López Obrador.

Generalmente se piensa que el motor del desarrollo de nuestro país lo conforman los grandes corporativos, que por su tamaño son los que generan el mayor número de empleos y estimulan el crecimiento del país.

Sin embargo, diversos estudios del INEGI reconocen que el 70% de los empleos en México los generan las pequeñas y micro empresas, las cuales por su gran volumen suman una gran masa productiva que hoy está conformada por casi cinco millones de Mipymes, o sea pequeñas y micro.

En contraste, medianas y grandes, suman un poco menos de cien mil empresas.

Además, una característica muy importante es que las Mipymes son negocios de tipo familiar y por tanto, son cien por ciento mexicanas, que gastan en México el total de lo que generan, sin tener que compartir utilidades con corporativos multinacionales.

Preocupante es que las Mipymes son las que hoy están siendo acosadas por el crimen organizado con el cobro de derecho de piso y además, son extorsionadas por autoridades menores a lo largo de nuestro territorio.

El micro y el pequeño empresario no se sienten parte de este sector porque no hay quien les proteja. El gobierno les deja a su suerte frente a la delincuencia organizada y las cámaras empresariales no se han comprometido con ellos “codo con codo”.

Es urgente voltear a ver hacia este sector y convertirlo en el eje de nuestra economía. Lo primero que habría que ofrecerles es seguridad, protegiéndolos de la extorsión.

La Guardia Nacional se ha convertido en un simple símbolo, pero con mínima efectividad, pues su presencia en las calles no significa nada. Mientras no exista un trabajo de inteligencia para desintegrar bandas delictivas el problema de la extorsión seguirá creciendo.

Este debiese ser el primer reto que asuma el próximo secretario de economía, Marcelo Ebrard, si quiere impulsar el crecimiento de nuestro país. Además, debiese trabajar la creación de una cultura empresarial, -no sólo altamente competitiva-, sino con profunda y comprometida responsabilidad social.

Ser empresario no es un oficio, sino una vocación. Por ello será necesario desarrollar el sentido de pertenencia a este sector y el orgullo por pertenecer a él, por parte de micro y pequeños empresarios, que son el alma y corazón de nuestro sector productivo.

FOROS DEL DIÁLOGO

Los Foros del Diálogo para analizar el proyecto presidencial de reforma al Poder Judicial, no parecen ser incluyentes, ni abiertos al diálogo. Los dirigentes de las bancadas morenistas y sus aliados en el Congreso hablan de diálogo, pero sin mover “ni una coma” de la iniciativa presidencial… ¿entonces?

Realmente parecen ser programas informativos, para cumplir con la formalidad y apariencia democrática, pero sin comprometerse con esta visión política.

Además, el presidente López Obrador arremetió contra el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, -conformado por importantísimos juristas y expertos en derecho-, por haberse atrevido a cuestionar la reforma judicial que él impulsa.

Muy mal se vio la rectoría de nuestra más importante universidad deslindándose de este ejercicio académico realizado en el marco de las atribuciones que tiene este prestigiado instituto universitario. En lugar de defender su trabajo académico, el comunicado oficial lo transformó en simples opiniones personales de quienes redactaron el documento.

¡Cómo se extraña a aquellos rectores que siempre apoyaron las causas justas y la autonomía de la UNAM!… como Javier Barros Sierra, que en 1968 se puso al frente de las exigencias de la comunidad estudiantil frente a la represión del presidente Díaz Ordaz.

Incluso sin irnos muy lejos en el tiempo, Enrique Graue Wiechers con gran dignidad defendió la autonomía de esta grandiosa institución.

LA REFORMA JUDICIAL

Parece ser que los riesgos de intervención del crimen organizado en las elecciones de ministros, magistrados y jueces, -que pretende imponer la reforma judicial que se votará en septiembre de este año por la nueva legislatura-, están siendo minimizados por el presidente.

¿Tampoco estará considerando que la ley no puede ser retroactiva? … Este es un principio universal del derecho. Aún si fuese aprobada esta reforma, la instrumentación de este artículo operaría a partir de las jubilaciones de los funcionarios actuales, pues la remoción de éstos sería inconstitucional y un rompimiento del Estado de Derecho. Los ministros, magistrados y jueces actuales deben ser intocables. Sólo quienes se jubilen y las nuevas plazas podrían estar sujetas a la nueva modalidad.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross