Rossi A. G. 

• Al cierre de 2017, laboraban 4 198 846 personas en las administraciones públicas federal y estatal, de las cuales 40.4% formaban parte del gobierno federal. En el ámbito municipal, laboraban 1 012 348 personas al cierre de 2016.
• En 2017, las instituciones de las administraciones públicas federal y estatal estaban dirigidas por 2 433 titulares, de los cuales 22.7% eran mujeres y 77.3 hombres. En 2016, de los 41 940 titulares de las administraciones municipales 25.8% eran mujeres y 74.2% hombres.
• En 2017, el servicio de energía eléctrica, las escuelas públicas y el servicio de limpia generaron los mayores niveles de satisfacción entre la población. En contraste, la policía, el transporte público y el alumbrado público tuvieron los menores porcentajes de satisfacción.

En diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de la Administración Pública para reconocer la importancia que tiene el servicio público en el desarrollo de los países. En el marco de la Agenda Global para el Desarrollo 2030, la Administración Pública se convierte en condición necesaria para la implementación de políticas públicas articuladas y orientadas a generar las condiciones de seguridad y desarrollo que permitan construir sociedades más justas, equitativas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el Gobierno de México, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, estableció una serie de criterios que garanticen el adecuado funcionamiento de la administración pública, basados en el combate a la corrupción y la administración de recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población.

Frente a esta responsabilidad, resulta relevante conocer la capacidad de gestión que tienen las administraciones públicas en México como insumo para mejorar la toma de decisiones en aspectos relacionados con la eficiencia y eficacia de la estructura organizacional, la asignación de recursos, y la implementación de acciones de mejora regulatoria, orientadas a incrementar el acceso y ofrecer mejores servicios públicos, principalmente a la población de zonas con mayor rezago social.

Por ello el INEGI pone a disposición del público información sobre la composición de las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal, y la valoración que la sociedad tiene de los servicios públicos que recibe.

La información proviene de los Censos Nacionales de Gobierno (federal, estatal y municipal) 2017 y 2018, así como de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, que forman parte de los diversos proyectos que el INEGI realiza en el marco del Subsistema Nacional e Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Uno de los principales ejes del gobierno mexicano se relaciona con la mejora de la gestión pública y la capacidad administrativa para dirigir los recursos a la atención de las necesidades ciudadanas, especialmente de las poblaciones más vulnerables.3

Frente a este desafío es relevante conocer el número de servidores públicos adscritos a las administraciones públicas para dimensionar la disponibilidad de recursos humanos para proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía.

En 2017 se contabilizaron 4 198 846 personas laborando en las administraciones públicas federal y estatal, de las cuales 40.4% laboraban en las oficinas del gobierno federal y 59.6% en las oficinas de los gobiernos estatales.4,5 Esto significó una tasa de 1 374 servidores públicos del ámbito federal y de 2 205 del estatal por cada cien mil habitantes.

En el periodo de análisis, el número de servidores públicos aumentó tanto en el ámbito estatal como en el federal; el incremento respecto a 2016 fue de 7.2% en el ámbito federal y de 2.8% en el estatal.

En el ámbito municipal, laboraban 1 012 348 personas al cierre de 2016, que representó una tasa nacional de 828 servidores públicos municipales por cada cien mil habitantes.

En 2016, año en que se tiene información para los tres niveles de gobierno, se contabilizó un total de 4 987 672 servidores públicos en las administraciones públicas del país, que representó 9.2% de la Población Económicamente Activa de México en el último trimestre de ese año.

Por entidad federativa, la mayor tasa de personal se encontró en Tabasco con 3 460 servidores públicos por cada cien mil habitantes, en tanto que las entidades con las menores tasas de servidores públicos por 100.000 habitantes fueron Puebla, Coahuila y Chiapas con 681, 871 y 872, respectivamente.

A nivel municipal, las mayores tasas se encontraron en Chihuahua y, particularmente, en algunos municipios de Nuevo León y Sonora. En contraste, algunos municipios localizados en Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca tuvieron tasas menores a 100 servidores públicos por cada cien mil habitantes.

Al desagregar la tasa de servidores públicos de las entidades y los municipios, según el nivel de rezago social, se encontró que los estados con menores tasas de servidores públicos tienen un rezago social muy alto y alto.

Debido al trabajo diario que estas personas realizan en las administraciones públicas, los gobiernos ofrecen una amplia gama de servicios para que la población asistir a la escuela, recibir atención médica, abrir un negocio, viajar, o disfrutar de su tiempo libre en un parque o jardín.

Al cierre de 2017, 36% de los servidores públicos del orden federal estuvieron adscritos al sector salud, que incluye las instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de otros hospitales públicos; otra tercera parte realizó funciones educativas y 15% perteneció al sector energía; 5% trabajó en instituciones de seguridad pública y la quinta parte restante estuvo adscrito a obras públicas, turismo, vivienda, medio ambiente, comunicaciones y transportes, entre otras funciones .

Ese mismo año, más de la mitad de los servidores públicos de las entidades federativas trabajaron en las instituciones educativas de nivel básico, media superior y superior; 16% pertenecieron al sector salud y 12% a las áreas de seguridad pública y tránsito. Los demás servidores públicos estuvieron en instituciones de desarrollo social, trabajo, agua potable, alcantarillado y saneamiento, tesorería o finanzas, entre otras.

En el ámbito municipal, al cierre de 2016, cerca de 20% de los servidores públicos realizaba funciones de seguridad pública y tránsito, una proporción similar laboraba en oficinas de provisión de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Los demás servidores públicos estaban adscritos a oficinas de obras públicas, del ayuntamiento, a instituciones de desarrollo social o económico, trabajo, tesorería, medio ambiente, entre otras.

Al desagregar por sexo, al cierre de 2017 se encontró una distribución prácticamente equitativa en la participación de hombres y mujeres en el servicio público de los ámbitos federal y estatal; aunque destacan dos casos donde la brecha de género fue mayor: la Ciudad de México con cinco mujeres por cada nueve hombres y Oaxaca donde la razón fue de cuatro mujeres por cada seis hombres.

Por su parte, en el orden municipal la brecha de género fue más amplia entre hombres y mujeres. Al cierre de 2016, por cada diez hombres había cinco mujeres laborando en el servicio público municipal. En algunos municipios de Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas se encontró que más de 70% de los servidores públicos municipales eran hombres.

Si bien es importante que las administraciones públicas cuenten con el personal suficiente, también lo es que tengan personal calificado para atender adecuada y eficientemente las demandas ciudadanas. Una variable que aproxima el nivel de competencia de los servidores públicos es el grado de escolaridad.

En el orden federal y estatal más de la mitad de los servidores públicos tenían educación superior, observándose un porcentaje mayor de personal con posgrado a nivel federal (incluye los niveles de maestría y doctorado) que en el ámbito estatal. Destacan Aguascalientes y Quintana Roo, donde más de 10% del personal tenía estudios de posgrado.

Caso contrario es el de las administraciones públicas municipales, donde se encontraron los menores niveles de escolaridad, ya que menos de 1% del personal de este ámbito tenían licenciatura o posgrado. Con excepción de algunos municipios de Baja California Sur, Durango, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala, donde más de la mitad de los servidores públicos tenía educación media superior o superior.

En el resto del país, seis de cada diez servidores públicos no tenían escolaridad o alcanzaron, como máximo, el nivel básico.

Respecto a las condiciones laborales de los servidores públicos, se encontró que uno de cada cuatro servidores públicos del ámbito federal tuvo un ingreso mayor a 20 mil pesos mensuales. Al indagar en los niveles de ingresos de hombres y mujeres en el ámbito federal, se encontró que por cada 2 hombres que ganaban más de 20 mil pesos mensuales, solamente había una mujer que recibía el mismo rango de ingreso. Comparado con los ámbitos estatal y municipal, el orden federal presentaba la mayor disparidad entre mujeres y hombres tanto en altos como en los ingresos menores.

A nivel estatal, 38.8% de los funcionarios obtuvieron un salario entre 1 y 10 mil pesos mensuales y 18.9% ganaba más de 20 mil pesos. En este ámbito de gobierno, la brecha salarial por sexo no fue tan amplia en los distintos niveles de ingreso; con excepción de algunos estados como Guanajuato donde 37.3% de los hombres y 25.6% de las mujeres tenían ingresos superiores a 20 mil pesos mensuales.

En el orden municipal se encontraron los menores niveles de ingresos, con tres de cada cuatro servidores públicos que tenían un sueldo mensual por debajo de 10 mil pesos, mientras que 4.8% ganaba más de 20 mil pesos, sin observarse grandes diferencias por sexo. Los salarios más bajos se reportaron principalmente en municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

Respecto al régimen de contratación y afiliación a esquemas de seguridad social, se encontraron diferencias importantes según nivel de gobierno. Entre los empleados federales 65 de cada 100 hombres y 74 de cada 100 mujeres fueron de base o sindicalizados.

Además, casi todos los servidores públicos del gobierno federal (99%) contaban con prestaciones de seguridad social, situación que contrasta con lo observado en el resto de la economía del país, donde 37.6% de la población ocupada no tenía prestaciones laborales y 45.0% no gozaba de acceso a instituciones de salud como parte de un derecho laboral.

En el ámbito estatal, la distribución de los servidores públicos por tipo de contratación fue similar a lo encontrado en la burocracia federal, observándose una mayor proporción de mujeres con contrato de base o sindicalizadas (79%) que de hombres (66%). No obstante, se encontró que alrededor de seis de cada 100 servidores públicos estatales no contaban con las prestaciones de la seguridad social, de los cuales 56.0% fueron mujeres y 44.0% hombres.

El análisis de las cifras municipales mostró importantes diferencias respecto a los ámbitos federal y estatal. En primer lugar, fue menor la proporción de servidores públicos de base o sindicalizados, siendo la mayoría personal de confianza; en segundo lugar, una mayor proporción de servidores públicos municipales no tenía prestaciones de seguridad social.

Incluso, se encontró que las condiciones de precariedad laboral se acentúan en municipios y entidades con mayores rezagos sociales.

Por ejemplo, en Oaxaca, la entidad con mayor rezago social, la proporción de funcionarios municipales sin seguridad social fue de 73.3%; mientras que, en Guerrero, Chiapas, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, más de la mitad de los servidores públicos municipales no tuvieron seguridad social. Esto muestra una relación significativa entre el nivel de rezago social de los territorios y la calidad del empleo en el servicio público.

Las instituciones de las administraciones públicas están dirigidas por titulares, quienes toman las decisiones para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. En 2017 se contabilizaron 311 titulares en la administración pública federal: 84.0% eran hombres y 16.0% mujeres .

A nivel estatal se registraron 2 203 titulares en 2017, de los cuales más de tres cuartas partes eran hombres. La brecha de género en el ámbito municipal fue similar a la estatal, donde se contabilizó que 73.4% de los 42 450 titulares, en 2016, eran hombres. Estos datos muestran que, al igual que en otros sectores económicos del país, en los espacios de toma de decisiones de alto nivel, las mujeres tienen menor representación que los hombres.

Al desagregar por número de titulares por entidad federativa se observó que el estado de México, la entidad más poblada del país, contó con el mayor número de titulares (112) mientras que Colima, la segunda entidad con menos población: solo tuvo 36.

En los tres ámbitos de gobierno, los titulares de las instituciones tenían mayor nivel educativo que el resto de los servidores públicos. En la administración pública federal casi la totalidad de funcionarios (99 de cada 100) tenían educación superior, y del total de titulares, 52% tenía maestría o doctorado mientras que en el ámbito estatal esta proporción alcanzó 42%. En contraste, sólo 4% de los funcionarios de alto nivel en las administraciones públicas municipales tenían estudios de posgrado, y 24% educación básica o media superior.

Cabe resaltar los casos de Oaxaca y Yucatán, en cuyos municipios 62.6% y 38.4% de los funcionarios de alto nivel, respectivamente, tenían educación básica. En contraste, los municipios de Baja California, Baja California Sur y Nuevo León presentaron la mayor proporción de titulares con estudios de posgrado.

Un indicador relevante para evaluar la capacidad del gobierno para atender las necesidades sociales es el nivel de cobertura de los servicios públicos básicos que se proporcionan a la población.

Entre estos servicios se encuentran la atención médica, la provisión de servicios educativos de calidad, el acceso al agua limpia y la protección de la vida e integridad mediante instituciones sólidas de seguridad y justicia, tal como establecen los ODS y el PND 2019-2024.
En nuestro país, los distintos niveles de gobierno son responsables de proporcionar estos servicios, según lo especifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 3, 4, 21 y 115.

En 2016, 70% de la población estaba cubierta con alumbrado público, que es uno de los servicios que deben proporcionar las administraciones municipales. Se encontraron 410 municipios donde la cobertura fue mayor a 95%, ubicados principalmente en Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Yucatán, distinguiéndose el estado de Zacatecas donde más de la mitad de sus municipios tenían una cobertura prácticamente total de la población.

Respecto al servicio de limpia, se encontró que sólo 53% de la población contaba con el servicio de recolección de basura y limpieza de calles y vialidades. Las coberturas más bajas del país, menores a 40% de la población, se encontraron en municipios de Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala.

Con relación al mantenimiento de calles se encontró que durante 2016, en promedio, un tercio de las vialidades registradas por los municipios recibieron algún tipo de mantenimiento como pavimentación, bacheo o pintura.

Destacan 143 municipios y alcaldías, localizados principalmente en Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas donde se reportaron coberturas de mantenimiento o mejora superiores a 80% de la infraestructura vial. En contraste, alrededor de 23% de los municipios del país reportaron haber dado mantenimiento a menos de 10% de la infraestructura vial. En 44 municipios, ubicados principalmente en Oaxaca y Puebla, en ninguna de las calles se efectuaron acciones de mejora.

Al igual que las calles, solo una tercera parte de los parques y jardines recibieron algún tipo de mantenimiento, como poda, pintura, remozamiento, instalación de juegos, mobiliario o flora por parte del municipio.

La participación activa de la sociedad en el quehacer gubernamental es fundamental para fortalecer la legitimidad, la gobernabilidad, y representatividad de las intervenciones gubernamentales.11 En este sentido, conocer el grado de satisfacción que la población tiene de los servicios públicos recibidos constituye un insumo muy importante para mejorar la eficacia con la cual los gobiernos atienden las demandas sociales, aspecto que se reconoce como parte de los objetivos del PND 2019-2024.

Al indagar en el nivel de satisfacción con los servicios recibidos en cada ámbito de gobierno, 67% de la población de 18 años y más en áreas urbanas señaló que se encontraba muy satisfecha o satisfecha con algunos de los servicios prestados por el gobierno federal, como la atención a la salud brindada por el IMSS o el ISSSTE, o con el servicio de energía eléctrica.

En el caso de los servicios públicos estatales, la atención a la educación y la salud fueron los que mayor nivel de satisfacción generaron en la población, mientras que el servicio de transporte público y la policía fueron los servicios con los porcentajes más bajos de satisfacción.

Respecto a los servicios brindados por las administraciones públicas municipales, el mayor nivel de satisfacción se encontró con el servicio de recolección de basura, lo que puede explicarse porque 77.7% de la población considera que el servicio es oportuno y 67.9% que no hay necesidad de pagar propinas o cuotas.

En cuanto a los servicios de drenaje, alcantarillado y alumbrado público, menos de la mitad de la población usuaria estuvo satisfecha, ya que más de 70% señala que no recibe mantenimiento y limpieza constante y que las fallas de suministro no se atienden de inmediato.

En más de la mitad de las entidades federativas el principal de estos tres problemas fue la falta de alumbrado público que reportó, en promedio, 51.6% de la población de 18 años y más. En otras 13 entidades fue la existencia de baches o fugas de agua. Únicamente en Zacatecas el principal problema fue la falta de agua, que reportó el 48.7% de la población

Respecto a la existencia de problemas en la colonia, se encontró que la falta de agua afectó principalmente a Guerrero, donde 67.2% de las personas adultas manifestó la existencia de este problema, mientras que la falta de alumbrado afectó a 64% de los tabasqueños, y el problema de fugas o baches se presentó con mayor frecuencia en Campeche (59.7%).

La respuesta de las administraciones públicas a las demandas ciudadanas se refleja en la confianza que la población tiene en el gobierno. La confianza en las instituciones gubernamentales es un indicador que condiciona el éxito de las políticas públicas; sin confianza ciudadana, el gobierno carece de apoyo para cumplir con efectividad y eficiencia sus objetivos, especialmente aquellos que requieren transformaciones profundas para alcanzar beneficios a largo plazo.

Quienes tuvieron los mayores niveles de confianza a nivel nacional fueron las universidades públicas, seguidas de las escuelas públicas de nivel básico, luego la Marina y el Ejército. En cambio, los menores niveles de confianza se tuvieron respecto a las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno y la policía, siendo la administración pública municipal en la que más se confía, después el gobierno estatal y, por último, el federal.

Por entidad federativa se observó una importante heterogeneidad en los niveles de confianza. Baja California Sur tuvo los mayores porcentajes de confianza en universidades y hospitales públicos, mientras que en Yucatán se tuvieron los mayores niveles de confianza en escuelas de nivel básico, policía y gobiernos estatales. En comparación con el resto de las entidades, en la Ciudad de México la población de 18 años y más expresó tener menos confianza en algunas de las instituciones de gobierno.

La información aquí presentada ofrece un panorama general de quienes integran el servicio público en el país, al tiempo que refleja los importantes desafíos que enfrentan las administraciones públicas para hacer frente a las crecientes demandas de la población.

Entre estos retos se encuentran, no solo cerrar la brecha de género que permita una mayor participación y equidad de las mujeres en los puestos de decisión, sino también reducir las desigualdades salariales y de acceso a la seguridad social que hay entre las administraciones públicas de los distintos ámbitos de gobierno. Además, estas desigualdades se acentúan en territorios con mayor rezago social, por lo que resulta prioritario fortalecer las capacidades institucionales de estas regiones para que puedan atender los problemas públicos con mayor eficacia.

Otro de los retos que afrontan las administraciones públicas es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a la población. Esto se verá reflejado en mayores niveles de satisfacción y confianza en el gobierno, elementos claves para afianzar la gobernabilidad del país.

En el marco del día de la Administración Pública, el INEGI invita a las personas usuarias a consultar la información producida en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia como una forma de conocer la gestión y el desempeño de los gobiernos de México.