Héctor A. Gil Müller
El juicio de amparo es una figura jurídica mexicana que ha representado un verdadero control constitucional. Consiste en una defensa que mediante el poder judicial busca detener cualquier acto de autoridad que violente o dañe un derecho fundamental contenido en la Constitución Mexicana.
Esta figura se encuentra presente en muchas legislaciones del mundo, sin embargo, la figura mexicana se ha destacado como un recurso de control, enseñando a otros la defensa ante los apetitos insaciables del estado unitario y absoluto que amenaza cada vez que se tiene el poder. El poder corrompe y poder absoluto lo hace absolutamente.
Con 258 votos a favor y 213 en contra la cámara de diputados aprobó una reforma que modifica la ley de amparo eliminando los efectos generales sobre leyes, es decir que un juez de control pueda determinar la suspensión de una ley por considerar que viola algún derecho constitucional.
La acción es por sí misma peligrosa a la luz de nuestro propio sistema, la representatividad que tenemos nos hace entender que el derecho es la ley y ésta una caja vacía que puede llenarse de cualquier contenido que cumpla la forma de derecho. Han Kelsen, el insigne jurista alemán, encontró que el derecho podía ser considerado una ciencia por cuanto existe un objeto universal en él mismo, la estructura de la norma: “a” debe ser “b” y su sanción “c”. Esa forma es común en todo sistema jurídico con independencia en su contenido. Así, quien prive de la vida a alguien debe ser homicida y recibir una pena de una determinada cantidad de años en prisión, los elementos pueden cambiar, pero la estructura se mantiene.
La anterior definición, sin así procurarlo, permitió movimientos políticos que consideran al derecho como una caja vacía que puede llenarse de cualquier contenido siempre que éste cumpla con la forma de derecho. Lo que está de moda o recibe todo el apoyo del generador de leyes o poder legislativo se constituye derecho con independencia de su contenido sino solamente por su forma.
Movimientos tan regresivos como el nazismo o el fascismo se hicieron conforme a la ley vigente en su momento, pero no conforme al derecho, si entendemos que el derecho va más allá que la norma que está contenida en la ley. La justicia no es solo el cumplimiento de la ley, porque la ley responde a muchos otros intereses, su modificación seria innecesaria si fuese un elemento suficiente. Los motivos políticos, sociales, culturales nos hacen emitir instrumentos legales que en ocasiones no encierran entre sus letras el espíritu de derechos superiores. Pareciera una figura retrógrada, porque quizá en ocasiones se haga, la ley, con buenas intenciones, pero que ocurrirá cuando no sean buenas esas intenciones.
Muchas decisiones actuales, no las pensemos solamente en un proyecto, una pensión o un tren, son proyectos que pudiesen ser provechosos. Pero, imagine que país construimos cuando en la elección, como lo hemos hecho, elijamos a alguien cuyos intereses sean contrarios. Imagine que llegue un presidente que pretende quitar las pensiones del bienestar y los proyectos de infraestructura de la 4T, ¿con cuál recurso jurídico se defendería? Estamos haciendo un andamiaje jurídico en el que basta que llegue alguien que piense que las pensiones no funcionan, que los trenes ya no andan y que el petróleo ya no tiene futuro y cambiará todo a su antojo, ¿no le parece?