Rossi A. G. 

· El Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO ve con preocupación el discurso que estigmatiza a las personas en tránsito por nuestro país.

En el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana (Prami), nos dedicamos, entre otras cosas, al acompañamiento a albergues y defensores de personas migrantes. Existe una relación consolidada con diversos albergues, organizaciones y defensores de personas en situación de movilidad que respaldan y validan el trabajo de la universidad en el tema migratorio. Nuestra forma de trabajar es a través de la vinculación y ninguna de las acciones que realizamos es de forma individual, siempre le apostamos a la construcción de procesos colectivos.

En este sentido, el Prami ha hecho una apuesta por colaborar en el fortalecimiento a albergues y defensores que se han visto en una situación de riesgo por su trabajo de defensa. Las personas en movilidad que ingresan al país sin acceder a una forma de regularización migratoria enfrentan la estigmatización y criminalización. Consideramos que estas condiciones de vulnerabilidad incrementa cuando se criminaliza a quienes les defienden y acompañan.

Es importante mencionar que la criminalización a defensores no es un fenómeno particular de nuestro país, en la medida en que las políticas migratorias se recrudecen el trabajo de defensa se criminaliza. Los riesgos a los que se enfrentan son, por un lado, por las amenazas del crimen organizado y por el otro, porque corren el peligro de enfrentar acusaciones por cometer delitos graves como trata y tráfico de personas.

Hay muchos ejemplos a alrededor del mundo: en Estados Unidos, Scott Warren fue criminalizado por dejar agua y dar un techo a cientos de personas en el desierto de Arizona, sus cargos son por “albergar” inmigrantes indocumentados; en Marruecos, la española Helena Maleno llevó un proceso desgastante en el que se enfrentó a la posibilidad de recibir una condena por cadena perpetua, su labor ha sido llamar a autoridades para dar aviso de pateras con dificultades cuando cruzan por el estrecho de Gibraltar; en Italia, la capitana alemana Pia Klemp y otros miembros de su tripulación que han rescatado a miles de migrantes de morir ahogados en el mar Mediterráneo, enfrentan un juicio por 20 años de prisión por “ayudar a la entrada ilegal de migrantes”.

Frente al contexto mexicano actual, en donde la criminalización de la solidaridad va en aumento, la apuesta institucional del Prami es por la defensa del derecho a defender derechos y la NO criminalización de la población migrante y quienes les acompañan. En este sentido celebramos la reciente liberación de Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica. La exigencia para que se les garantice un debido proceso, la presunción de inocencia y que el juicio se llevará a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales, es una demanda de varias organizaciones de la sociedad civil con las que el Prami colaboró.

Algunas de esas organizaciones que firmaron el comunicado fueron: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, entre otras.

Observamos con preocupación que el discurso de criminalización abona a la polarización de la opinión pública y deja en mayor vulnerabilidad a las personas migrantes. Hacemos un llamado a las autoridades del Estado y la sociedad en general a la no criminalización y estigmatización de las y los defensores de personas en movilidad.