Ricardo Homs

El abuso de quien tiene poder, sobre quien está en posición vulnerable, es el eje de las injusticias de este país, pues actualmente no existe una cultura de respeto por el prójimo y menos aún por sus derechos.

El individualismo, que es la esencia de nuestra idiosincrasia, es el detonador de este grave problema.

No puede haber justicia social, como pretende lograr la “cuarta transformación”, si no se parte del respeto a los derechos humanos como eje del cambio.

Un gran avance en la lucha a favor del respeto a los derechos humanos se logró a partir de otorgarle autonomía a la CNDH, institución que tiene como misión proteger al ciudadano respecto de los abusos que pudieran nacer de las instituciones propias del Estado Mexicano. Por tanto, la CNDH no puede depender, ni estar subordinada a la misma autoridad a la que debe vigilar.

Es preocupante que al darse a conocer la renuncia de Guillermo García Alcocer como presidente de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, el presidente de México alabó la decisión de este funcionario argumentando que “quienes no comparten su proyecto, deben optar por otra manera de trabajar”.

Esto significa no aceptar la independencia jurídica de los organismos autónomos, entre los que está la CRE, los cuales no deben estar supeditados a los criterios personales de los funcionarios públicos que ejercen cargos de liderazgo y poder en las instituciones gubernamentales.

El criterio independiente de estos organismos debe generar los equilibrios necesarios para que a partir de la pluralidad, se tomen las mejores decisiones en beneficio del país.

Sin embargo, la visión centralista que hoy impera en el nuevo gobierno considera que los contrapesos son un obstáculo en contra de la voluntad personal de quien gobierna y de inmediato, quién no se alinea, se convierte en adversario.

Tener una opinión diferente no debe significar rivalidad, sino al contrario, es otra forma de colaboración que enriquece el ejercicio de gobierno porque aporta otra visión complementaria para tomar las mejores decisiones.

Por tanto, que la vigilancia del respeto a los derechos humanos descanse en un organismo independiente del Poder Ejecutivo, aporta imparcialidad, la cual se soporta precisamente en su autonomía.

Ojalá que esta opinión expresada por el presidente de México ante la noticia de la renuncia del presidente de la CRE, García Alcocer, no esté manifestando una intención generalizada por controlar a todos los organismos autónomos y a aquellos que tienen una independencia fundamentada desde la constitución, como son los poderes: Judicial y Legislativo, que junto con el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente, conforman los tres Poderes de la Unión.

No sobra recordar que el Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.

A su vez, el Poder Legislativo está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, federal.

Todos los presidentes que gobernaron nuestro país en los últimos años, incluyendo a Enrique Peña Nieto, fueron respetuosos de esta autonomía y es deseable y necesario que así continúe este equilibrio institucional, que es la base del espíritu democrático del Estado Mexicano.

Sin embargo, este criterio debe abarcar a todos los organismos autónomos como la CNDH, el INE, el INAI, así como otros de gran representatividad y liderazgo público en su área de especialidad.

El desinterés presidencial por conocer de forma directa y de primera mano el informe anual de la CNDH y la problemática que rodea a los derechos humanos, puede ser interpretado como una estrategia para marcar distancia con la actual gestión de la CNDH, que preside Luís Raúl González Pérez, para no comprometerse a dar respuesta al diagnóstico presentado y menos aún, darse por enterado de su contenido.

Para un país al cual le urge construir una cultura de respeto a los derechos humanos, porque no existe y para un gobierno que tiene como reto combatir la violencia y para ello está generando cambios estructurales en su política de seguridad pública, como lo es la creación de la Guardia Nacional, es fundamental blindar toda esta transformación operativa. Para ello se requiere del apoyo y colaboración de una estructura experimentada y confiable que garantice que la lucha contra la violencia delincuencial se llevará a cabo respetando los derechos humanos.

La operación de la nueva Guardia Nacional necesitará de la mirada vigilante de una CNDH fuerte y respetada, que se convierta en su contrapeso y además, tenga la capacidad de no doblegarse ante el poder de una institución policial que nace con grandes retos y una gran exigencia de eficiencia y eficacia. Esta presión por lograr resultados rápidos, generará condiciones en las cuales la exigencia de alcanzar las metas propicie excesos y quizá hasta el riesgo de violación de derechos humanos.

Por tanto, se vuelve necesario contar con una CNDH autónoma respecto del Poder Ejecutivo, confiable y experimentada y por fuerza, distanciada de la estructura gubernamental.