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Reforzar la frontera con Guatemala con 6.000 efectivos de la Guardia Nacional. Esa la oferta que la delegación mexicana ha presentado en Washington a cambio de frenar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a todo producto mexicano a partir del 10 de junio, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el «Washington Post» y la agencia de noticias «Reuters». Si la propuesta se lleva a cabo, supondría la militarización de la frontera sur de México.

Con esta medida, México aumentaría notablemente sus esfuerzos para frenar el flujo de inmigración ilegal hacia la primera potencia, la principal exigencia realizada por Trump para desistir en su amenaza de aprobar un impuesto del 5% a todos los productos mexicanos que entran en Estados Unidos. El arancel no será aprobado si la propuesta satisface a Trump, de lo contrario, el impuesto ascenderá progresivamente cada mes hasta alcanzar un máximo del 25% en octubre.

La Guardia Nacional es un nuevo cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el objetivo de combatir la elevada criminalidad en el país, es decir, no fue establecida para detener inmigrantes ilegales en la zona fronteriza. Sin embargo, México negocia a contrarreloj para tratar de evitar unos aranceles que podrían dañar su economía —el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos—, por lo que enviar la Guardia Nacional a la frontera reforzaría para reforzar sus controles migratorios para frenar el avance de las multitudinarias caravanas de centroamericanos. Justo el miércoles, México detuvo una caravana de 400 migrantes.

«La postura de EE.UU. está enfocada en las medidas de control migratorio, la nuestra en el desarrollo. No hemos llegado aún al acuerdo, pero continuamos negociando», dijo Roberto Velasco, el responsable de comunicación del ministerio de Exteriores mexicano en Twitter. La postura de AMLO en materia de inmigración, a diferencia de la de Trump, es lograr que EE.UU. apoye una serie de proyectos de desarrollo en Centroamérica para que miles de personas no se vean obligadas a tener que marcharse de sus hogares por la inseguridad y la violencia.

No obstante, la llegada de López Obrador al poder ha supuesto un endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal. En ese aspecto, el ministerio de Hacienda mexicano bloqueó un total de 26 cuentas bancarias de «coyotes» que presumiblemente había participado en la organización de caravanas y en el tráfico de inmigrantes. También conocidos como «polleros», los coyotes reciben un pago de los inmigrantes por atravesar México o ser introducidos ilegalmente en Estados Unidos.

A su vez, el número de deportaciones de centroamericanos ha aumentado en los últimos meses. Mediante un comunicado el pasado 3 de junio, México indicó que han deportado a 80.537 personas que han sido enviadas principalmente a países centroamericanos. Esas detenciones tuvieron lugar entre diciembre 2018 y mayo 2019, los seis meses de gobierno que llega López Obrador.