Maricela Allende

Taxco de Alarcón, Guerrero, se encuentra sumido en la preocupación y la incertidumbre tras la desaparición de tres periodistas. Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario ‘Espectador de Taxco’, su esposa Guadalupe Denova Flores, profesora y directora de un jardín de niños, y su hijo Alberto Toledo Denova, trabajador del sector salud, fueron sustraídos de su domicilio en la colonia Guadalupe por hombres armados.

Las sospechas apuntan a que el secuestro está relacionado con la labor periodística de Marco Antonio Toledo Jaimes, quien recientemente publicó una nota sobre el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo. La acusación contra el edil ha generado una gran indignación y preocupación en la comunidad periodística, que teme por la integridad de los desaparecidos.

En un hecho paralelo, los reporteros Alberto Sánchez Juárez y Silvia Nayssa Arce, del portal de noticias ‘Redsiete’, también fueron privados de su libertad por civiles armados en Taxco. La hermana de Silvia, Julissa Natzely Arce, denunció que los hijos de los periodistas, de tres, cinco y 13 años, fueron abandonados en la calle tras el secuestro.

Ante esta situación alarmante, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de periodistas de Guerrero han exigido la intervención del alcalde de Taxco, Mario Figueroa, de la gobernadora Evelyn Salgado y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para lograr la localización con vida de las cinco personas desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha activado fichas de búsqueda, pero hasta el momento solo se cuenta con información limitada sobre la última vez que se vio a los periodistas en Taxco el 19 de noviembre, así como la fecha de denuncia, el 22 de noviembre.

Esta lamentable situación pone de manifiesto una vez más la peligrosa realidad que enfrentan los periodistas en México. El país continúa siendo uno de los más mortíferos para los medios de comunicación, especialmente para aquellos que cubren temas relacionados con la corrupción de los gobiernos locales y el crimen organizado.

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y su protección debe ser una prioridad para las autoridades.

Es necesario que se tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad de los periodistas y para investigar de manera exhaustiva estos casos de desaparición forzada.

La comunidad periodística y la sociedad en su conjunto no pueden permitir que el miedo y la violencia silencien las voces que buscan la verdad y la justicia.

La exigencia de justicia y la defensa de la libertad de expresión deben ser una tarea conjunta, en la que se involucren tanto las autoridades como la sociedad civil, para construir un México en el que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias.