Este gobierno no se ha dado cuenta de la bomba de tiempo que ha sembrado en nuestro país al estimular con su demagogia, -sustentada en la trasnochada “lucha de clases”-, una base social que protege al crimen organizado y convierte en “carne de cañón” al “pueblo bueno”.

La lucha de clases que promueven los ideólogos de la 4T, -y el resentimiento implícito en las arengas ideologizantes y apología del conflicto-, la está capitalizando la delincuencia organizada para protegerse y obtener impunidad.

Esa base social que se nutre del “pueblo bueno” al que se refiere el presidente, se está convirtiendo en su escudo para expulsar a la Guardia Nacional y al Ejército de las comunidades rurales donde viven sus líderes, dando un significado de reivindicación social al movimiento de rechazo en contra de las autoridades policiacas y militares.

Si a esto añadimos que los cárteles practican relaciones públicas con sus comunidades, obsequiando despensas, juguetes y dinero, -además de patrocinar obra pública para solucionar los olvidos de los tres niveles de gobierno-, empezaríamos a entender la gravedad de la irresponsable narrativa que juega con los sentimientos profundos de quienes siempre han estado marginados.

Además, esta narrativa de conflicto sustentada en la “lucha de clases”, -que de lunes a viernes se promueve en las mañaneras-, implícita y explícitamente, justifica el rencor, el conflicto y la reivindicación social que este gobierno pretende capitalizar, -a partir de la entrega de los libros que reciben los maestros-, donde se interpreta a la lucha armada de los grupos guerrilleros de los años sesenta y setenta, como un ícono aspiracional de rebeldía y justicia… pero sustentada en la violencia.

En el contexto de hoy quien hoy se rebela violentamente en contra del sistema político y social, se convierte en héroe de los desposeídos. Si además toma actitudes generosas obsequiando despensas, entonces se convierte en la nueva versión de Robin Hood, que roba a los ricos para regalarlo a los pobres, sin que los beneficiarios de esta campaña se den cuenta de que lo que se recibe obsequiado por el crimen organizado, es lo que ha sido robado a través de extorsiones, cobro de derecho de piso y acciones violentas, en contra de quienes viven en el pueblo de enfrente.

Está por iniciarse en corto tiempo la temporada electoral y la tradicional demagogia electorera, que seguramente sustentará su narrativa en los agravios de anteriores gobiernos, que olvidaron a la población vulnerable y no la incluyeron en el desarrollo.

Es urgente generar conciencia de que, -de utilizarse esta narrativa en el contexto electorero-, podría estimularse exponencialmente la violencia, -justificada ideológicamente por los rencores y resabios de injusticias pasadas-, lo cual fortalecerá la base social de los grupos delincuenciales.

No olvidemos que el pueblo admira el estilo de vida ostentoso y de lujos de la delincuencia, -y por tanto-, le protege. Evitar la utilización de esta narrativa se convierte en un verdadero asunto de seguridad nacional.

Recordando la clásica teoría de la sociología social sustentada en los estudios del doctor Philip Zimbardo denominada “las ventanas rotas”, -realizada en 1969 para la Universidad de Stanford-, podemos dar una explicación a los riesgos de hoy.

Se abandonó un auto en el Bronx, -que es una zona de Nueva York que en esa época estaba dominada por la delincuencia-, y poco tardó éste en ser desvalijado. La otra parte del estudio consistió en dejar otro auto idéntico en una calle solitaria de la ciudad de Palo Alto, California, donde vivían familias muy ricas. Este auto fue respetado durante varios días, -hasta que como parte del estudio-, intencionalmente se le destrozó una ventana. Poco después, -aún en ese barrio de ricos-, el auto también fue desvalijado.

Las conclusiones de este estudio son que cuando surge una oportunidad, -aún la gente que no necesita robar o delinquir-, aprovecha las circunstancias y abusa, llegando incluso a cometer actos delictivos.

Este ejemplo, -llevado a nuestra realidad cotidiana nacional actual-, podemos interpretarla así.

Hasta el año 2018 la pérdida del control territorial por parte del Estado Mexicano se circunscribía a la Tierra Caliente, que es la zona donde confluyen Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Era el equivalente al Bronx mexicano del estudio de Zimbardo.

Aún en estos años previos a la llegada de la 4T, -aunque había violencia y delincuencia-, existía un valor social y político fundamental: el respeto a la autoridad gubernamental. Por lo menos el orden social no se había perdido totalmente, aunque hubiesen hechos aislados.

Sin embargo, en este gobierno la inacción en el ámbito de la seguridad pública, -ya sea por desidia o desinterés, o intencionalmente provocada-, llegó a extremos de impacto aún insospechado.

Lo que vino a representar el momento significativo del estudio de Zimbardo en que se rompió la ventana del auto ubicado en la zona privilegiada de Palo Alto, California, ha sido el rompimiento del respeto mutuo que tradicionalmente se tenían, -antes de este gobierno-, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Como hemos visto últimamente, el presidente López Obrador ha tachado de corruptos a los miembros de la SCJN y a todo el Poder Judicial, señalando a los jueces de estar al servicio de la oligarquía y de la delincuencia de “cuello blanco”.

Dañar la reputación y quitarle autoridad moral al Poder Judicial, significa desactivar al “Estado de Derecho” y destrozar la autoridad moral de la ley. “No me vengan con que la ley es la ley” ha dicho reiteradamente el presidente, convirtiéndose según él en “paladín de la justicia”, aunque esto signifique romper con el “Estado de Derecho”.

A partir de que el presidente rompió con el Poder Judicial, se ha derribado el muro de contención que protegía a la sociedad frente a la delincuencia. Esta nueva narrativa presidencial está dando a grupos sociales inconformes la libertad de ignorar la ley y considerar que delinquir es un acto de justicia social.

En este contexto de “ventanas rotas”, es esperable el incremento de hechos delictivos y conductas violentas, así como un crecimiento exponencial de la base social que protege a la delincuencia organizada.

¿HUMANISMO MEXICANO?

El humanismo mexicano es una burla para los más de 100 mil desaparecidos en México, sin que exista una estrategia verdadera para descubrir su paradero.

El humanismo mexicano no debe convertirse en una narrativa demagógica, sino que debe derivar en acciones concretas que privilegien una actitud gubernamental solidaria con las víctimas de la violencia y con sus familias, con las madres buscadoras, con los afectados por problemas de salud y con todos los que viven dramas humanos.

¿ALGUNA EMBAJADA PARA DEL MAZO?

Durante el último informe del gobernador priísta Alfredo Del Mazo, la presencia del presidente López Obrador y de Delfina Gómez no pasaron desapercibidas.

La zalamería de Del Mazo para con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum, pone en evidencia que entregó como obsequio a la 4T, al estado más importante de México, por el tamaño de su padrón electoral. Una entidad que siempre fue priísta y que podía haberse defendido electoralmente. Sin embargo, se perdió frente al desinterés y falta de compromiso del gobernador Del Mazo.

Hubo muchos apapachos para la 4T, -e incluso-, para la nueva gobernadora Delfina Gómez, pero ninguna mención al partido que lo llevó a la gubernatura, el PRI. Bien podría el gobernador Del Mazo haber disimulado.

Los elogios y reconocimientos del presidente López Obrador para con Del Mazo y con Peña Nieto, -durante la ceremonia de toma de posesión de la gobernadora Delfina Gómez-, pone en evidencia el contubernio de ambos priístas, uno para entregar la entidad federativa que gobernaba y el otro el país, seguramente a cambio de impunidad

¿Cuál será la embajada que le espera a Del Mazo como compensación por la traición a su partido?

LA LEY MAGNITSKY

El abogado mexicano Eddie Varón Levy, -quien por su trayectoria jurídica internacional actualmente es comisionado de derechos humanos de la Barra Americana de Abogados-, ha destacado la preocupación de ese gremio en Estados Unidos por el constante acoso del presidente López Obrador en contra de los ministros de la SCJN y los jueces, así como contra todo el Poder Judicial.

Ha manifestado Varón Levy que en el ámbito jurídico de ese país, -así como en el legislativo-, ha estado cobrando fuerza la posibilidad de que a los funcionarios del gobierno mexicano que participen de esta campaña en contra del Poder Judicial les apliquen la Ley Magnitsky, la cual restringe las visas para visitar Estados Unidos, congela cuentas y activos que utilicen la red bancaria o financiera de ese país.

Esta es una ley creada en 2012 por Estados Unidos, -pero de aplicación global-, para castigar a funcionarios de gobiernos extranjeros por violaciones de derechos humanos en otros países.

Se creó con motivo de las agresiones, encarcelamiento y asesinato del abogado Sergei Magnitski, crítico del gobierno ruso. Varios funcionarios de ese país fueron los primeros a los que se les aplicó.

Sin embargo, se hizo extensiva esta ley a servidores públicos de otros países como Nicaragua, Cuba y El Salvador, que tuvieron conductas violatorias de derechos humanos.

Según dice Eddie Varón, el acoso puede derivar en acciones jurídicas que vulneren los derechos fundamentales de jueces, magistrados y miembros del Poder Judicial, -así como en violencia emocional-, y esto preocupa a los juristas y legisladores norteamericanos

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