Rossi A. G. 

· La investigadora de Causa en Común, Daira Arana, señala que representa una continuidad en la militarización de la seguridad pública

· La ONU-DH afirma que la Guardia Nacional es la confirmación de que, en materia de seguridad, la política y la voluntad de quien gobierna está por encima del régimen jurídico

La implementación de la Guardia Nacional podría desencadenar militarismo en México, por lo que la investigadora de Causa en Común, Daira Arana, señaló la importancia de analizar la injerencia que tienen las élites militares en la toma de decisiones políticas en este país, así como su participación en temas como la construcción del aeropuerto y la entrega de ayudas sociales, por ejemplo.

Sin embargo, expresó que sería precipitado decir que en México estamos viviendo un militarismo como el sufrido en Sudamérica, a pocos meses de haber arrancado el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

“Es un proceso bastante complejo que lleva bastante tiempo de construcción, pero no hay que olvidar qué tantas atribuciones le estamos dando a las Fuerzas Armadas”, señaló la especialista al participar en la ‘Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’, organizada por la IBERO y grupos defensores de los derechos humanos.

Arana reflexionó sobre la diferencia que existe entre la militarización y el militarismo. El primero es un proceso en el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares. Es decir, observa los problemas desde una perspectiva de amenaza o enemigo y traslada las dinámicas bélicas a la solución de los mismos.

Mientras que el militarismo tiene que ver con la participación de las élites militares en la toma de decisiones políticas y públicas en un Estado. “Entonces, la Guardia Nacional puede representar una continuidad en la militarización de la seguridad pública. Es decir, seguir entendiendo los problemas a partir de amenazas y querer todo el tiempo combatirlo. Se sigue privilegiando el uso de la fuerza y los enfrentamientos sobre otras formas de solucionar los conflictos”.

En ese sentido, aseveró que la ventaja de lo civil sobre lo militar radica en la construcción de instituciones en un Estado a partir de la ciudadanía.

Voluntad de quien gobierna, por encima del régimen jurídico: ONU-DH

Por su parte Alan García Campos, coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis de la ONU-DH interpretó en siete puntos la creación de la Guardia Nacional a la luz de la evidencia acumulada respecto a la intervención militar:

La Guardia Nacional es un resultado que entroniza al más alto nivel constitucional, político, social y cultural la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este sentido, se trata de la elevación de lo que la evidencia ha anticipado desde hace años: la colonización expansiva y ascendente del componente militar a expensas del componente civil en temas de seguridad.

En tanto consecuencia de la declaratoria de invalidez constitucional de la Ley de Seguridad Interior, decretada por la Suprema Corte de la Nación, la Guardia Nacional es la constatación de que si hay un orden de Estado inconstitucional no es éste el que hay que ajustar, sino la constitución.

Derivada de una reforma constitucional, es la culminación de un proceso que recupera una exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con un marco regulatorio que reconociera su papel en tareas de seguridad pública. La evidencia mostraba esta exigencia que ha tenido receptividad al más alto nivel jurídico.

En tanto a entidad que existe desde antes de que entrara en vigor, la reforma constitucional y de la expedición de la ley secundaria, es la confirmación de que en materia de seguridad, la política y la voluntad de quien gobierna está por encima del régimen jurídico.
La Guardia Nacional, en tanto entidad que se define como civil, pero que se compone como cívico-militar por una hegemonía de lo militar, es la confirmación de que en materia de seguridad la ‘antonimia’ ha sido importante dentro del entorno en el que se ha desarrollado la discusión pública, política y constitucional.

En tanto apuesta principal de la estrategia de seguridad, es la constatación de que en la búsqueda de las respuestas se renuncie a la integralidad y se aspire a la identificación de un atajo que permita proveer respuestas frente a lo que sabemos supone un trabajo sostenido y persistente.

Como entidad híbrida con claro predominio de lo castrense sobre lo civil, es una manifestación que navega contrario a la evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ha contribuido al incremento de la violencia, al aumento en cantidad y gravedad a las violaciones de derechos humanos, al adormecimiento de las acciones tendientes a fortalecer a las corporaciones civiles, a la opacidad parlamentaria y a la ausencia en la rendición de cuentas.