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Un experto de la ONU en derechos humanos instó este lunes a los Estados a respetar y proteger la vida de todas las personas privadas de libertad y a redoblar sus esfuerzos para erradicar el flagelo de las muertes bajo custodia.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó en un informe al Consejo de Derechos Humanos que “decenas de miles de presos mueren cada año en todo el mundo, aunque se desconoce el número exacto debido a las deficiencias imperantes en el sistema de registro, investigación y notificación fidedigna de estos fallecimientos”.

Un fenómeno que Morris Tidball-Binz calificó de “invisible” debido a que sus víctimas provienen de los sectores más marginados tanto económica como socialmente.

“Una proporción significativa de las personas encarceladas no han cometido sino delitos leves. Los delitos relacionados con la pobreza, como el vagabundeo, la ebriedad, la incapacidad para pagar una deuda o una multa, el hurto menor o los desórdenes públicos, deben derogarse o castigarse con penas distintas de la prisión”, indica el informe.

Asimismo se mostró partidario de despenalizar los delitos “sin víctimas” como el trabajo sexual, los delitos religiosos como la apostasía y la blasfemia, los de género como el adulterio, los relacionados con la “decencia” y los relativos al embarazo, como el aborto.

“Las mujeres no deben ser encarceladas por ejercer sus derechos reproductivos. Si se han obtenido pruebas mediante tortura, esas pruebas no pueden servir para sustentar condenas”, especificó.

Una tragedia evitable

El informe del experto, que abarca todas las fases desde el momento de la detención, pasando por la etapa previa al juicio y la posterior a la condena, pretende visibilizar estas muertes y erradicar una tragedia mundial en gran medida evitable.

“Los Estados tienen el deber de respetar y proteger el derecho fundamental a la vida de las personas privadas de libertad”, afirmó Tidball-Binz. “La mayoría de estas muertes simplemente no deberían ocurrir”.

El experto basó sus recomendaciones en normas internacionales, buenas prácticas y ejemplos concretos de distintas regiones. Entre ellas figuran:

-Reducir el encarcelamiento

-Mejorar las condiciones penitenciarias

-Atender las necesidades de las personas y grupos vulnerables

-Reducir la violencia y garantizar procedimientos sólidos de supervisión y rendición de cuentas

-Recopilar y analizar de manera fidedigna los datos sobre las muertes de reclusos para informar y orientar las actuaciones

Tidball-Binz subrayó que también deben respetarse los derechos del personal penitenciario, incluida la provisión de salarios y condiciones de trabajo adecuados. “Los Estados deben garantizar que existe una dirección competente y que las prisiones están bien gestionadas”, afirmó.

“Cualquier muerte bajo custodia es potencialmente ilícita”, afirmó el experto. “El deber de investigar adecuadamente todas las muertes bajo custodia no es una opción, sino una obligación según el derecho internacional”.

En opinión del experto, las pesquisas deben caracterizarse por su rapidez, eficacia, rigurosidad, independencia, imparcialidad y transparencia. Sus conclusiones deben establecer y aplicar medidas y políticas correctivas y preventivas fundamentadas y con base científica.