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Los relatores instan a los Estados a garantizar que los derechos humanos se sitúen en el centro de los debates durante la primera conferencia sobre el agua en casi cinco décadas.

“Considerar el agua como una mercancía o una oportunidad de negocio dejará atrás a aquellos que no pueden acceder o permitirse los precios del mercado”, han asegurado varios expertos* de la ONU en derechos humanos en una declaración emitida un día antes de que comience la Conferencia sobre el Agua 2023 en Nueva York.

Para los relatores, la mercantilización del agua desbaratará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el número 6, dedicado al acceso universal al agua limpia y el saneamiento.

Además, “obstaculizará los esfuerzos para resolver la crisis mundial del agua, ya agravada por la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad, y la contaminación tóxica, que afecta a la vida y la salud de miles de millones de personas en todo el mundo”.

Los expertos señalan que, como se mencionaba en una reciente carta abierta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los Estados miembros, la Conferencia sobre el Agua es una “oportunidad única en la vida” para abordar las causas profundas de esta crisis que afecta actualmente a 2000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y más de 4000 millones sin saneamiento básico.

“Nuestra esperanza es que la Conferencia sobre el Agua sea el comienzo de una colaboración genuina y a largo plazo para acelerar la implementación del Objetivo número 6 y promover y proteger los derechos humanos”, aseguraron.

Interdependencia de los derechos

Los expertos también han declarado que los derechos humanos y el derecho al agua y al saneamiento son indivisibles e interdependientes, y vitales para alcanzar un nivel de vida adecuado.

“Ya se trate de la seguridad física de las mujeres y las niñas, de la discriminación contra los pueblos indígenas, los campesinos o las minorías, o de los derechos humanos a la salud, a una vivienda adecuada, a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a la educación y muchos otros, todos están íntimamente relacionados con el agua y el saneamiento”, explican.

Por primera vez en casi 50 años, las Naciones Unidas convocan una conferencia de tres días en Nueva York para analizar la situación mundial del agua y el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030.

“Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la ONU, los Estados, los titulares de derechos y otras partes interesadas de todo el mundo para reunirse en Nueva York y avanzar en la agenda mundial del agua”, aseguran.

Sin embargo, el progreso en el Objetivo número 6, “sólo puede ocurrir de manera efectiva si las comunidades y sus derechos humanos están en el centro de las discusiones, especialmente escuchando las voces de aquellos que sufren discriminación, marginación, pobreza y situaciones de vulnerabilidad”.

Basta de tecnocracia

Para los expertos, la Conferencia es una oportunidad para escuchar y comprometerse con los defensores de los derechos humanos, en particular los defensores de los derechos del agua, y otros titulares de derechos.

“En lugar de restringir la libertad de expresión y asociación de los defensores de los derechos humanos y los derechos al agua, e incluso criminalizarlos, es hora de garantizar su participación significativa, especialmente para las mujeres y los jóvenes defensores de los derechos humanos, en todos los debates y en cualquier resultado y mecanismos de gobernanza del agua a nivel internacional, nacional y local”.

En este contexto, han explicado, se necesitan marcos sólidos de acceso público a la información para fomentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Los expertos han hecho un llamamiento para poner fin a un enfoque tecnocrático del agua y tener en cuenta “las ideas, los conocimientos y las soluciones de los pueblos indígenas, los campesinos y las comunidades locales que entienden los ecosistemas acuáticos locales para garantizar la sostenibilidad de la agenda 2030”.

*Los expertos: Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Marcos Orellana, relator especial sobre las sustancias tóxicas y los derechos humanos; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Ian Fry, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Reem Alsalem, relator especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Balakrishan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Irene Khan, relatora especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías; Dorothy Estrada Tanck (presidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.