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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos terminó este miércoles una visita oficial a Perú expresando su convicción de que el país puede superar los desafíos que afronta en materia de las garantías fundamentales, encontrando el camino “hacia un futuro más inclusivo”.

Michelle Bachelet indicó que la pandemia de COVID-19 fue devastadora para la población peruana, que registró la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, con más de una muerte por cada 20 personas infectadas -o el 5% de los contagiados-. El total de decesos asciende hasta ahora a 213.825, aunque a estas alturas el 84% de la población ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“La pandemia dejó al descubierto las profundas brechas y desigualdades socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos amenazan con permanecer durante años. Golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”, dijo Bachelet al concluir su visita de tres días a la nación sudamericana.

Recordó que las escuelas permanecieron cerradas casi dos años y que recién ahora los estudiantes están regresando gradualmente a las clases presenciales, una situación que afectó sobre todo a los escolares de zonas remotas sin acceso a internet.

La guerra en Ucrania es otro factor externo que afecta a los peruanos con los elevados precios de los alimentos y los combustibles, que han colocado a 15,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, según datos de la ONU.

Ampliar las medidas de protección

Ante este panorama, Bachelet instó a ampliar las medidas de protección socioeconómicas y a centrarlas en las personas más marginadas.

“Apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal, son formas claras de reconstruir mejor”, aseveró.

La Alta Comisionada destacó la agudización de la polarización ocurrida en los últimos meses y manifestó preocupación por el avance de los movimientos anti derechos, que incluyen el discurso de odio y la xenofobia, y advirtió que la discriminación y la violencia pueden exacerbarse para las próximas elecciones en octubre.

Con respecto a los periodistas, subrayó la importancia de su labor, alertando del hostigamiento que sufren en el desempeño de su trabajo, particularmente en el caso de las mujeres.

Pueblos indígenas

De los pueblos indígenas y los activistas de derechos humanos, apuntó que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

“Por ello, deben ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también son afectados por las actividades ilícitas”, apuntó.

Reconoció que la minería y otras industrias extractivas han sido fundamentales para la economía de Perú durante siglos, pero lamentó que las promesas de desarrollo de las empresas del sector no beneficien a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales.

En este sentido, Bachelet consideró que los acuerdos para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos “deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo”.

Diálogo nacional inclusivo

La Alta Comisionada aseguró que, tras sus discusiones con las partes interesadas, el camino a seguir en Perú sólo puede trazarse con éxito si los distintos sectores de la sociedad se unen y mantienen un diálogo nacional inclusivo que represente la rica diversidad del país.

“Para ello, insto a todos los partidos políticos a que actúen con generosidad y sentido de Estado para abordar los retos a los que se enfrenta Perú. Para este proceso de diálogo es fundamental contar con unas instituciones estatales fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción”, puntualizó.

Bachelet se mostró esperanzada al afirmar que tuvo conversaciones constructivas con representantes de distintos sectores del Estado, que reconocen los retos de Perú en materia de derechos humanos y han identificado respuestas concretas para abordarlos.

“Valoro el compromiso de las autoridades de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos”, indicó.

Durante su visita, Bachelet se reunió con el presidente del país, Pedro Castillo, con ministros y altos funcionarios del gabinete, al igual que con congresistas de los distintos partidos políticos y con representantes del poder judicial, de la sociedad civil, del sector privado, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.