Jorge Barrientos

Luego del homicidio de Arturo Ramírez García el pasado 30 de mayo en el fraccionamiento Misión Morillotla en San Andrés Cholula, Erika Mancilla, su viuda acompañada de sus abogados, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) protección para ella y sus hijas, teme por su vida luego de sufrir extorsiones por los mismos sujetos que ultimaron al esposo.

En este tenor, Erika Mancilla denunció que, tras el asesinato de su esposo -quien laboraba cono gerente general de Global Gesori Traslado de Valores, murió a manos de un comando armado en su propio domicilio, supuestamente para que entregaran una suma de dinero que se presume se llevó- ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por el homicidio.

Dijo que el día miércoles 13 de julio fue interceptada por un comando armado en las inmediaciones del Walmart en la calle 15 de Mayo, de la colonia Villa Posadas, en la capital poblana y la privaron de su libertad cerca de 40 minutos.

La torturaron con golpes y le cortaron parte de un dedo, todo esto para que entregara el dinero, del que aseguró no tenía conocimiento.

Ante estos hechos, la afectada junto con su equipo de abogados acudió a la Fiscalía Especializada de Secuestro para presentar una denuncia y pedir protección; sin embargo; la ministerio oúblico encargada, Josefina Melo,  prohibió el paso a su equipo de litigantes y luego de más de tres horas le negaron la protección, pues alegaron que no tenían los suficientes elementos de seguridad para este fin.

Acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) y lograron levantar otra denuncia.

“Temo por mi seguridad, en mi vida y por mis hijas. Pedimos al gobierno nos ayude a salvaguardar, ya que Fiscalía no nos dio la atención que debe ser, hemos tenido que recurrir a Derechos Humanos para que nos hagan caso y atender nuestra petición, no nos quieren dar ayuda ni protección”, enfatizó la víctima.

Por su parte, el representante jurídico Raúl Álvaro Díaz, dijo que, a más de un mes del homicidio de su esposo, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha dado algún detalle sobre el avance de las investigaciones, además de que reprochó que no hayan querido atender a la señora Erika después de la tortura, cuando los criminales tienen detalles sobre ella y sus hijas.

Asimismo, el abogado Marco Vinicio Hernández Ballesteros, acusó que el Ministerio Público hizo caso omiso a su petición e incluso le dijo que fuera a la Embajada de Estados Unidos en México, cuando la afectada ni si quiera es ciudadana americana.