PRNewswire

En 2002, una mujer chilena portadora del VIH identificada como Francisca dio a luz y fue esterilizada sin su consentimiento en un hospital público. Este jueves, el presidente del país, Gabriel Boric Font, le ofreció una disculpa, que marcó la culminación de un proceso jurídico de varios años luego de que Francisca presentara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA) encomió el acto público “de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del gobierno de Chile en el caso emblemático de violaciones de los derechos de las mujeres que viven con VIH y que fueron esterilizadas sin su consentimiento”.

La disculpa formó parte del acuerdo que resultó de la demanda contra el Estado chileno de Francisca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La historia de Francisca

Francisca, originaria de un pueblo rural chileno, se embarazó a los 20 años y en una prueba prenatal rutinaria fue diagnosticada como portadora del VIH. Durante el embarazo, siguió todas las recomendaciones indicadas para reducir al máximo el riesgo de transmisión a su bebé, quien nació por cesárea libre del virus en noviembre de 2002.

Al día siguiente del alumbramiento, Francisca se enteró de que la cirujana de turno había decidido esterilizarla durante el parto y sin su consentimiento.

Francisca presentó buscó justicia en su país, pero los tribunales nacionales desestimaron el caso puesto que la doctora que la atendió declaró que la paciente la había autorizado verbalmente para el procedimiento de esterilización, una aseveración que Francisca niega.
“Duele pensar que el Estado sea responsable”

El mandatario chileno, Gabriel Boric le pidió disculpas a Francisca no sólo por esta violación de sus derechos, sino también por la denegación de justica y por el tiempo que tuvo que esperar para el reconocimiento del atropello que sufrió.

“¿A cuántas personas como tú no conocemos? Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, sea responsable de estos casos. Me comprometo ante ti, y a quienes hoy día te representan acá presencialmente, a que mientras nosotros gobernemos vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros como autoridades para que nunca más se repita algo de estas características y por cierto para que en los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”, dijo Boric en una ceremonia oficial.

La directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe para el Centro de Derechos Reproductivos leyó un mensaje de Francisca diciendo que le hubiera gustado estar presente en el acto. “Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas. Hasta la fecha se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos el VIH como si hubiese sido decisión de nosotras contagiarnos. Sin embargo, quiero pensar con convicción que esto cambiará”, apuntó Carmen Martinez en nombre de Francisca.

La directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe , Luisa Cabal, afirmó que la actitud del nuevo gobierno de Chile “reivindica un camino de más de diez años, tanto para Francisca como para las organizaciones que la acompañaron en su búsqueda de justicia”.

Más de una década de litigio internacional

En 2009, el Centro de Derechos Reproductivos y la organización chilena Vivo Positivo llevaron el caso de Francisca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de la documentación de relatos de mujeres seropositivas chilenas, que a menudo eran presionadas para no embarazarse, y para esterilizarse quirúrgicamente.

Otro de los casos documentados fue el de Daniela, a quien le dijeron que no podía abrazar ni besar a su hijo recién nacido porque le transmitiría el VIH. En su relato señaló que fue así como entendió lo que es la discriminación.

ONUSIDA, por su parte, interpuso en el caso una intervención informando a la Comisión Interamericana sobre las guías sanitarias y normas de derechos humanos que cada Estado debe seguir para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que viven con VIH.

Tras más de una década de litigio internacional y después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiara el caso, se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno, en el que el gobierno aceptó su responsabilidad y se comprometió a reparar las violaciones y a tomar medidas para que no volvieran a ocurrir estos abusos.

En este sentido, la coordinadora de Género de Vivo Positivo, Sara Araya, dijo que el mensaje de la Corte es claro al establecer que se debe garantizar sin discriminación la autonomía y la integridad física de las mujeres y de todas las personas que viven con VIH. “No más violaciones de derechos contra las mujeres seropositivas”, enfatizó.

Repercusiones del estigma y la discriminación

ONUSIDA ha advertido repetidamente que el estigma y la discriminación relacionados con el VIH repercuten significativamente en la salud, la vida y el bienestar de las personas portadoras del virus o en riesgo de contraerlo, además de que impiden la respuesta a la epidemia, limitando el acceso a servicios más amplios de salud sexual y reproductiva, entre otros servicios sanitarios.

El Programa de la ONU trabaja para garantizar que los gobiernos inviertan en prevenir y responder a las violaciones vinculadas a las formas de discriminación que sufren las personas que viven con VIH.

Asimismo, destaca que su estrategia mundial contra la enfermedad se basa en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, y la dignidad y la ausencia de estigma y discriminación para todas las personas portadoras y afectadas por el VIH.