* Por Renato Consuegra

Ciudad de México, a 26 de Agosto de 2018

Durante una primera parte de su campaña a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador logró atinar a un tema a todas luces sensible para los mexicanos cansados de los excesos del poder: la corrupción de lo que él llamó “la mafia del poder” y, uno de sus objetivos más fuertes fueron sus preocupaciones porque la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México generara corrupción por su alto costo, en aquel momento de 186 mil millones de pesos.

Más adelante, en mayo, después de que el 16 de abril Carlos Slim saliera en defensa de la construcción de la terminal aérea en el vaso del Lago de Texcoco, planteó una tercera opción: que fueran los empresarios y no el gobierno mexicano quienes pagaran el resto de las obras a través de una concesión.

Pero, ya como presidente electo, planteó realizar una “consulta nacional” para que sea la ciudadanía quien tome la decisión respecto del futuro del aeropuerto.

Sin embargo, la pregunta es: Por qué si la ciudadanía le dio 30.11 millones de votos para que ejerza la facultad constitucional de ejecutar sus promesas de campaña, resolvió sacarse de la bolsa una consulta no vinculante constitucionalmente, con grandes fallas de seguridad.

López Obrador pretende realizar una jugada maestra o engaño para no dilapidar el capital político que le dio el 53.19 por ciento del padrón electoral. Y lo hace a través de una consulta alejada de los marcos institucionales del país para obtener un resultado ajustado a su decisión final.

La respuesta podría ser que, mediante el engaño y la simulación, López Obrador quiere legitimar una decisión previamente tomada, pero sin costo político para él. Y no es la primera ocasión que toma una decisión así y se escuda en la ciudadanía, como recordaremos líneas abajo.

Porque en la vida pública no existen casualidades, sino causas. Pero las causas, sin duda, están movidas por los intereses. Y para lograr que estos intereses no se vean como tal, a lo largo de semanas, incluso meses, se tiende un gran tablero de ajedrez avivado y alimentado desde los espacios de poder político, económico, social y mediático para lograr los fines que se persiguen.

Hoy estamos frente a uno de esos grandes tableros de ajedrez donde a la mayoría de la gente se le vende un juego ilusorio que seguramente terminaría con el resultado esperado por los grandes intereses. Porque el pasado 1 de julio realmente ocurrió un “quítate tú, para ponerme yo”. Nada más. Sin cambio, salvo en los personajes. Más no en las formas y mucho menos en el fondo.

Así como cada sexenio hay grupos económicos beneficiados tras el poder, para el gobierno que viene probablemente el beneficiario será el de Carlos Slim, sus amigos y socios. No fue casual la aparición pública del hombre más rico de México para apoyar la opción del NAICM el pasado 16 de abril, como tampoco es casual que uno de sus amigos y socios, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste esté en primera fila para lograr la concesión del Tren Maya y, anotado también para la del NAICM.

Una empresa dentro del mismo círculo lo construye y otra lo opera, y operará otro de los “grandes proyectos” del próximo gobierno.

Y si alguna controversia existiera que deba resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacia allá se dirige Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y esposa de otro de los constructores favoritos de Andrés Manuel López Obrador: José María Rioboó, a quien López Obrador le dio la proyección del Distribuidor Vial San Antonio en 2002.

Aquella ocasión el proyecto ejecutivo fue encargado a la empresa Rioboó, SA de CV, la cual realizó un cálculo inicial de 190 millones de pesos, que fue superado por mucho por las empresas contratistas que compraron las bases de la licitación, cuyos requisitos, dijo públicamente la empresa ICA, “son inalcanzables”.

Sin embargo, la licitación se puso en marcha aún sin que Rioboó hubiera presentado el proyecto ejecutivo, y a la par López Obrador realizó un plebiscito con el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual participaron 274,606 mil personas diciendo “Si” a la obra, en contra de 142,384 mil que la rechazaron y 420,522 mil que emitieron su “voto nulo”, con un abstencionismo de cerca del 87% porque el listado nominal era de 6 millones 459 mil 641 electores.

El 13 de mayo de 2002, día previo a la apertura de las ofertas económicas y ganadores de la licitación, Andrés Manuel López Obrador decidió se cancelara porque el ganador de los tramos 1, 3, 5 y 6 iba a ser el Grupo Quart que encabezaba Carlos Ahumada, sí, aquel que videograbó a Carlos Imaz —esposo de Claudia Sheimbaun en ese entonces— y a René Bejarano recibiendo fajos de billetes como soborno al Gobierno del Distrito Federal encabezado por López Obrador. Se tambalea el proyecto de López de un 2º piso

Sin embargo, a pesar de que Rioboó presentó a destiempo y mal calculada la cifra del proyecto, el 25 de junio de 2002 la empresa inmobiliaria del Gobierno del Distrito Federal, Servicios Metropolitanos (Servimet) entregó por órdenes de López Obrador y en adjudicación directa la proyección de la obra a José María Rioboó, porque presuntamente no existían otras firmas constructoras que pudieran realizar el diseño. Dan a Riobóo, que calculó mal segundo piso, el proyecto vial de San Antonio

En 2004, con el escándalo de los sobornos a Imaz y Bejarano en su apogeo, López Obrador dijo que por una decisión personal pasó por sobre un proceso institucional como es una licitación pública y evitó la participación de Ahumada, ganador de la mayoría de los tramos. “Decidimos combatir al señor Ahumada. En tres años lo hemos atajado (…), se presenta como empresario contratista. Licitamos para la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, del segundo piso. Se queda incluso su empresa como la mejor propuesta. Sin embargo, (por) la desconfianza, yo decido que no debe participar”, le dijo a Joaquín López Dóriga. Razón técnica paró a Quart 

De esa forma, autoritaria y sin soporte legal, López Obrador evitó la participación de Ahumada y entregó la obra a otros constructores, cuyos contratos fueron cerrados por 12 años y aún no hay quien los haya abierto.

Entonces, como en 2002, es muy probable que la decisión ya esté tomada para entregar la construcción al Grupo Carso de Carlos Slim y el consorcio de empresarios integrados en el proyecto como Bernardo Quintana (ICA), Olegario Vázquez (Prodemex), Hipólito Gerard (GIA), y Carlos Hank (Hermes), sin ser cuestionado por la sociedad, porque la consulta es un procedimiento político sólo para legitimar una decisión técnica que él mismo descalificó como parte de su campaña electoral. Quizá por eso ayer dijo que iba a buscarlos “para serenarlos”.

Y no se sorprenda si el sacrificado de todo este enjuague cuando se dé a conocer la decisión final sea Javier Jiménez Espriú, quien ha presentado todos los argumentos en contra del NAICM, incluso un estudio de la agencia NavBlue que retoma información de Rioboó, quien está a cargo del diseño del proyecto del aeródromo de Santa Lucía y fue quien diseñó el Distribuidor Vial San Antonio en 2002.

Y a pesar de los ejemplos arriba citados, hoy, López Obrador dijo que: “Se va a acabar el contratismo corrupto que ha venido imperando, prevaleciendo en los últimos tiempos”. ¡Gulp!