Staff/Rossi

• La diputada federal Ana Lilia Herrera presentó una moción suspensiva contra la iniciativa de la bancada mayoritaria, por considerarla atropellada.
• El legislador Marco Antonio Mendoza anunció que el tricolor votaría en contra, por ser un albazo de Morena y sus aliados, que busca revanchismo.
• El priista Pablo Angulo Briceño consideró que la Ley en discusión pretende definir una agenda política para proteger a allegados.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) creemos que el juicio político debe ser una garantía del sistema constitucional, para sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades, pero no podemos avalar un proyecto que responde a presiones políticas, porque en la premura, está el riesgo de afectar la gobernabilidad de nuestro país, afirmó Ana Lilia Herrera, diputada federal del Grupo Parlamentario de este instituto político,

Al presentar una moción suspensiva a la Iniciativa con dispensa de trámite por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que fue desechada por mayoría, la legisladora manifestó la preocupación de su bancada por las gestiones procedimentales tan atropelladas que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados proponen, para discutir temas de gran relevancia para el país, brincándose procesos legislativos, rescatando propuestas de legislaturas pasadas y evitando los debates en comisiones.

Posteriormente, al anunciar que el tricolor votaría en contra de la iniciativa, por ser un albazo de Morena y sus aliados, el diputado Marco Antonio Mendoza advirtió que el GPPRI no puede permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de revanchismo político, que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales. Expuso que no se trata de un texto jurídico, sino político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país.

El representante del partido tricolor hizo un llamado a la prudencia y a realizar un análisis a fondo, a fin de generar una nueva propuesta, que no violente la Constitución, ya que la iniciativa presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes. Ejemplificó que se plantea la creación de un tribunal especial para juzgar penalmente al Presidente ante el Senado, lo ue está prohibido por la Carta Magna.

Por su parte, Pablo Angulo Briceño consideró que la expedición de la Ley en discusión marca una línea que pretende definir una agenda política para el final del sexenio, en la cual se corre el riesgo de establecer directrices para proteger a allegados y perseguir a la oposición.

En primer lugar, indicó, la iniciativa quebranta la lógica interna del principio de división de poderes, así como los mecanismos para mantener su equilibrio, ya que busca transgredir los principios de soberanía de las entidades federativas, anteponiendo un interés profundamente anti-federalista e inconstitucional.

“Estamos aquí para crear leyes que sirvan a la gente, bien pensadas, debatidas, producto de deliberaciones en parlamentos abiertos. No nos prestamos a legislar con el sello de la sumisión que caracteriza a la mayoría oficialista, aprobando leyes hechas a modo, con prisas, con errores, que las convierten en normas impugnables y, por tanto, inservibles”, enfatizó Ana Lilia Herrera, en una segunda intervención.