Ricardo Homs

La diputada morenista María de los Ángeles Huerta pide a la fiscalía de la CDMX que solicite el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, para hacerlo responsable de negligencia criminal en el caso de la Línea 12 del metro de la CDMX.

Evidentemente realizar esto en los tiempos electorales tiene como trasfondo el mensaje a la ciudadanía de que el PRD, ahora aliado con los adversarios políticos de MORENA y partido al que pertenece Mancera, es responsable del accidente y por tanto, no merece su confianza y su voto.

Por otra parte, la intervención de la Fiscalía General de la República para fincar cargos a los dos candidatos punteros en la campaña por la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, de MC y Adrián De La Garza, del PRI, significa la intervención del Gobierno Federal en este proceso, pues la FGR, aunque en estricto sentido es autónoma, parece responder a los deseos presidenciales.

El presidente de la república reconoció en una mañanera su interés en intervenir en la contienda por la gubernatura de ese estado, “para evitar posibles fraudes que atentan contra la democracia”.

Las denuncias de la FGR en contra del candidato del PRI en NL por el uso de la tarjeta rosa en campaña, detonó la confrontación de criterios entre Ciro Murayama, consejero electoral del INE y Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, del Senado y líder de la bancada de MORENA, quien justifica la intervención de la FGR, lo cual ha evidenciado un grave conflicto de intereses que vulnera la democracia: no debe haber dos instituciones vigilando al mismo nivel de responsabilidad y atribuciones un mismo proceso.

El INE, por una parte, reconocido como árbitro electoral, que es el espíritu de su identidad institucional, pues esta es la misión para la que fue creado y en contraposición la FGR, no pueden participar sancionando el mismo proceso con las mismas atribuciones, según nos indica el sentido común.

El Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales y esto evidentemente cae en el ámbito judicial, pues en las reformas al Artículo 19 constitucional se incluyó entre el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, el uso de programas sociales con fines electorales.

Sin embargo, la interpretación de cuándo una acción electoral es constitutiva de delito, requiere un criterio especializado, que corresponde determinar al árbitro electoral y no al ejecutor de la justicia, que es la FGR.

Es evidente que el liderazgo durante los procesos electorales debe tenerlo el INE, en su rol de autoridad electoral. Precisamente este árbitro es quien debe solicitar el respaldo de la FGR para sancionar o castigar a un candidato o partido cuando infrinja las leyes electorales, pero no pueden estar ambas instituciones, con total independencia, tomando iniciativas y ejerciendo acciones.

Al INE no le compete la integración, averiguación, ni prevención del delito electoral, pero sí denunciar los delitos electorales ante las autoridades judiciales.

Por tanto, debe reconocérsele al INE su especialización en el ámbito electoral y su liderazgo para realizar interpretaciones y generación de criterios respecto a la posible configuración de delitos electorales. De este modo la FGR debe convertirse en el brazo ejecutor de la justicia electoral, pero al servicio del INE.

Esta incongruencia vigente hoy, respecto a las atribuciones de la FGR, ha permitido el uso de las instituciones judiciales para bajar candidatos de contiendas electorales, no sólo argumentando delitos electorales, como hoy que se le fincan responsabilidades a Adrián De La Garza, sino también cualquier otro posible delito, como sucede con las denuncias contra Samuel García a quien la FGR supuestamente le ha abierto una carpeta de investigación. A final de cuentas, el fin que se persigue con esta acción es el mismo: nulificar a un candidato para dejarle abierto el camino al representante oficial del grupo en el poder.

Sin embargo, esta práctica no sólo es instrumentada por este gobierno, pues el mismo Vicente Fox lo intentó promoviendo el desafuero, precisamente, de quien en ese entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentando su responsabilidad en la violación de una orden judicial referente a la suspensión de obras en el predio La Mexicana. Aunque se realizó este intento fuera de los tiempos electorales, pues se juzgaba al funcionario público, mucho tiempo antes de que fuese considerado como posible candidato, la opinión pública interpretó el trasfondo electoral de esa decisión.

Del mismo modo, el presidente Peña Nieto utilizó a la PGR para bajar de la contienda a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la república durante la elección del 2018, argumentando la adquisición de una bodega en Querétaro con recursos de procedencia dudosa, acusación que no se pudo sustentar y tuvieron que absolverlo, pero el daño ya estaba hecho, pues lo sacaron de la competencia electoral.

Por tanto, que ahora lo haga el gobierno que encabeza el presidente López Obrador no es extraño. Sin embargo, no es justificable que en sus conferencias mañaneras se jacte de ser diferente de sus antecesores y sin embargo, siga practicando esta misma conducta para eliminar adversarios electorales.

El Congreso debe legislar para blindar las elecciones y protegerlas de interferencias judiciales que pueden llegan desde el Poder Ejecutivo, con temas incluso ajenos al proceso electoral, los cuales podrían haberse desahogado mucho antes de que la persona fuese nombrada candidato, o después de la elección, antes de la toma de posesión del cargo si este resultase ganador.

La manipulación de la justicia debiese ser considerada en sí misma un delito electoral.

Es crucial resolver esta interpretación conflictiva de atribuciones entre INE y FGR respecto a la calificación de los delitos electorales, además de instituir una “veda judicial” durante el periodo de las campañas electorales, extendida a unas semanas antes y otras posteriores, a fin de evitar interferencias.

Es necesario fortalecer la legislación electoral con miras al proceso del 2024, pues estas intromisiones judiciales siempre ensucian la vida democrática y pueden acarrear graves consecuencias.

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