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La Dra. Karolina Gilas afirmó que las relaciones de poder en nuestro país son “sexuadas” y “generizadas” y ello permite mantener la subordinación de las mujeres

· La Dra. Flavia Freindenberg dijo que a pesar de las legislaciones en favor de la participación de las mujeres, los países latinoamericanos tienen serios problemas con los liderazgos femeninos

· Se lleva a cabo el segundo evento del serial ‘Encuentro y reflexión. Elecciones 2021’, organizado por la IBERO CDMX

La violencia política y las demás violencias contra las mujeres son posibles porque las relaciones de poder en nuestro país son “sexuadas” y “generizadas”, permitiendo que las estructuras desiguales de distribución del mismo que subordinan a las mujeres frente a los hombres se mantengan, afirmó la Dra. Karolina Gilas, integrante de la Red de Politólogas, durante la conferencia Elecciones y violencia política contra las mujeres.

Durante la ponencia, que forma parte del serial Encuentro y reflexión. Elecciones 2021, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la académica de la FCPyS, dijo que la violencia política contra las mujeres se debe entender en un contexto más amplio de “violencia a secas” que impera en todo el país y se ha vuelto estructural.

“Tenemos que entender que la violencia estructural está en todo, no sólo en la política, la podemos encontrar en las relaciones económicas, en el ámbito educativo, en los hogares, en la cultura, realmente en todos los ámbitos de nuestra convivencia social.

“En ese contexto de una amplia y fuerte permisividad de uso de violencia en contra de las mujeres, en el que se considera válido que existan relaciones desiguales, que las mujeres en diferentes ámbitos mantengan esa subordinación hacia los varones, hace también que la violencia en el ámbito político florezca. Mientras estemos en ese contexto en contra de las mujeres tampoco vamos a poder erradicar la violencia en el ejercicio de la política”.

Karolina Gilas señaló que México es un país con un alto índice de violencia contra las mujeres en distintos ámbitos; un problema estructural, arraigado y enraizado que se refleja como un poder desigual que tienen las personas en función de su género.

“Eso hace que la violencia política y las demás violencias que existen contra las mujeres son posibles gracias a que las relaciones de poder en nuestro país son sexuadas, generizadas, lo que permite que estas estructuras desiguales de distribución del poder que subordinan en general a las mujeres a los varones se mantengan. El uso de violencia también se vuelve la causa que permite perpetuar esas desigualdades en las relaciones de poder”.

Respecto a por qué hay más casos de violencia contra las mujeres, en particular en la política, la experta en temas electorales apuntó que se debe a la visibilización que las propias mujeres han hecho en el ejercicio político, lo que también ha derivado en evidenciar patrones de conducta que han estado normalizados en nuestra sociedad.

En general, se puede considerar a la actividad política como un trabajo de alto riesgo, sobre todo en niveles locales. En lo que respecta a este mismo ejercicio entre las mujeres, Gilas comentó que se inserta en un contexto de violencia política y de género. “A las mujeres nos matan por ser mujeres, pero también por ser del grupo opositor” y afectar intereses políticos.

Es por esta necesidad de mantener el control y el poder que hay resistencias para armonizar en el país las leyes en contra de la violencia política, pues se niega la posibilidad de “modificar las relaciones que les permiten a los varones mantener ciertas ventajas, cierto acceso privilegiado al poder, todo tipo de recursos que conlleva el ejercicio del poder o que se requieren para poder acceder a los espacios del poder”.

Afirmó que la violencia que viven las mujeres excede lo electoral y aunque los mecanismos de protección y las legislaciones son buenas medidas, no son suficientes “para erradicar ni siquiera para atender la violencia política que viven las mujeres porque tienen que ver con las amenazas, con las agresiones físicas, con las violaciones, con los robos y demás, y eso no lo podrán resolver las instituciones electorales porque no está dentro de las facultades que ellas tienen”.

Además, enfatizó, debemos entender que las leyes no lo resuelven todo. “Hay una visión o expectativa de un poder transformador de la ley, y lo que nos dice la realidad es que ese poder transformador de la ley no es necesariamente tan grande como muchos quisieran que fuera”, por lo que el combate contra la violencia pasa por desmontar desigualdades y violencias estructurales, y comprender, además, que la violencia no se acaba en la jornada electoral.

“Esto se hace a través de políticas públicas entendidas de manera mucho más amplia, a través de la transversalización de la perspectiva de género, que tendrían que tener todas y todas quienes se involucran en las decisiones públicas para que cualquier decisión legislativa, administrativa, judicial, tome en cuenta, evalúe, si hay un efecto diferenciado en las personas en función de su género”.

Por su parte, la Dra. Flavia Freindenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas, reconoció que México ha fortalecido los mecanismos para evitar la violencia política por razón de género y durante el actual proceso electoral se pondrá a prueba la legislación a nivel federal y la armonización hecha por las entidades federativas.

“Entendemos que estas normas que sirven como un círculo integral de protección suponen varios avances en términos de conceptualización de la violencia política en razón de género; en términos del tipo de sanción que se aprobaron; respecto a la articulación de las diferentes autoridades que tienen que atender la violencia política; y a la introducción de medidas de protección en caso de violencia política y medidas de reparación”.

Reconoció que en esta lucha han participado los actores políticos, pero en buena medida también ha sido por el movimiento de mujeres, las organizaciones civiles y la academia. “Estas elecciones ponen en evidencia un reto importante que es poner a prueba los esfuerzos realizados en los últimos años respecto a cómo atender situaciones de violencia política por razón de género”.

Sin embargo, para la experta en temas político-electorales, los países latinoamericanos tienen serios problemas con los liderazgos femeninos y eso ha generado resistencias, simulación y prácticas que han impedido el acceso al espectro de la contienda política, a pesar de las legislaciones aprobadas.

“México ha hecho muchos esfuerzos por saldar esa deuda histórica con las mujeres, por poner mujeres en los cargos, en las candidaturas, ahí estaba el cuello de botella, exigiendo a los partidos una serie de requisitos y haciendo el régimen electoral de género más fuerte de América Latina”, pero incluso desde las dirigencias partidistas se violentan las normas para evitar que esas mujeres compitan en igualdad de condiciones.

Estimó que es vital que los actores que participan en los procesos político-electorales tengan puestos los ‘lentes de género’ para implementar las normas; capacitar con mayor eficacia en temas de género; revisar el papel de los hombres; y entender que “la ley sola no resuelve los problemas. Las leyes ayudan mucho a generar los marcos de acción, pero a las leyes las tenemos que acompañar”