Staff/Rossi
La emergencia sanitaria y los procesos para la reactivación económica evidenciaron límites del sistema nacional de fiscalización. Por razones comprensibles, pero innecesarias, las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público tuvieron que modificar los tiempos, plazos y alcance de su trabajo. Un número significativo de los órganos fiscalizadores no pudo cumplir eficaz y eficientemente con la tarea de vigilar los recursos de todos. La oportunidad con la que actúen los órganos fiscalizadores es especialmente importante en el contexto de la reactivación económica y durante procesos electorales. Es momento de impulsar un cambio profundo en nuestro modelo de fiscalización que contribuya al control efectivo de la corrupción en México.
Transparencia Mexicana, México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey consideramos, a partir de un análisis profundo de la implementación del marco legal vigente, que es momento de una discusión pública amplia e incluyente sobre cómo fortalecer nuestro sistema de fiscalización del gasto público y ponemos a consideración de los distintos actores involucrados, quince puntos para iniciar una conversación pública al respecto.
Independencia política y rendición de cuentas de los órganos de fiscalización superior
1.- Preservar y fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior y los mecanismos para la evaluación y el control de su trabajo.
2.- Garantizar un estrecho seguimiento y vigilancia efectiva de los órganos de fiscalización superior desde la Cámara de Diputados, los Congresos estatales y las unidades de evaluación y control (UEC).
Una fiscalización superior transparente y efectiva
3.- Asegurar y ampliar la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías.
4.- Incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, dando cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales.
5.- Revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición del Programa anual de auditorías.
6.- Mejorar y transparentar los criterios para la selección del tipo de auditorías: financiera, inversión física, forense y desempeño, y asegurar su óptima complementariedad.
7.- Garantizar la pertinencia y oportunidad de las auditorías, considerando que el programa anual de auditoría debe estar listo antes de que concluya el ejercicio de la Cuenta Pública a revisar.
8.- Incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados, publicando expedientes electrónicos del programa anual de auditorías, definiendo con precisión su alcance y universo a fiscalizar, así como el archivo documental de las diferentes etapas de la auditoría.
9.- Mejorar tanto la calidad de los informes parciales y final de resultados así como su calendario de entregas, incorporando un lenguaje apropiado para diferentes comunidades y grupos sociales interesados.
10.- Continuar y ampliar la profesionalizar al personal auditor de los órganos de fiscalización superior.
Una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad
11.- Incorporar al trabajo del órgano de fiscalización en todas sus etapas el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción.
12.- Transparentar la gestión de la unidad de investigación y substanciación de las faltas administrativas detectadas.
13.- Informar detalladamente sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante las Fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas, su resultado y las acciones legales que ha realizado el órgano fiscalizador con motivo de dichos resultados.
14.- Asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados, que tengan un seguimiento efectivo y que se informe al Congreso sobre la situación que guardan los créditos fiscales constituidos por dichos daños.
Un proceso de fiscalización con impacto real en las decisiones presupuestarias
15.- El trabajo de fiscalización debe estar estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, tanto para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción.