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El Dr. Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la Ibero, habla sobre la aprobación para crear dos nuevos padrones de datos personales

En las últimas dos semanas, la Cámara de Diputados aprobó, con una amplia mayoría, un par de dictámenes legislativos que proponen crear dos nuevos padrones de datos personales. Se trata, en primer lugar, del proyecto de nueva Ley General de Población, la cual contempla la expedición de una Cédula Única de Identidad Digital con datos biométricos. En segundo lugar, de unas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales buscan crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual contendrá también datos biométricos.

Mientras que la Cédula de Identidad aspira a convertirse en el documento oficial de identificación ante autoridades mexicanas, personas físicas y morales, para la realización de trámites o servicios, el Padrón de Usuarios de Telefonía busca acabar con las extorsiones telefónicas. Se trata, pues, de las mismas políticas públicas que fracasaron durante la administración de Felipe Calderón.

Ambas iniciativas supondrían la creación de dos gigantescas bases de datos personales, las cuales concentrarían información sensible de millones de mexicanas y mexicanos. En el caso de la Cédula de Identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP, así como “otros datos biométricos que definirá un reglamento.” En el del Padrón de Usuarios de Telefonía, número telefónico, nombre del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP, así como “los datos biométricos del usuario”, los cuales tampoco están definidos.

Tanto la Cédula de Identidad como el Padrón de Usuarios de Telefonía suponen una vulneración al derecho a la a la privacidad y al de protección de datos personales previstos en el artículo 16 de la Constitución mexicana. En el primer caso, porque la emisión de la cédula nos obligaría a entregarle a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) datos personales con los que hoy simple y sencillamente no cuenta: nuestros datos biométricos. Peor aún. Serían los datos que ella misma decidiera requerirnos cuando emita el reglamento correspondiente.

Si la ley propuesta señala que será un reglamento el que defina qué datos biométricos habrán de recolectarse, el legislador le estaría entregando a la SEGOB la facultad de decidir qué aspectos de nuestra vida privada son los de su interés. No debemos perder de vista que, si bien los datos biométricos nos individualizan y distinguen de los demás, también son capaces de revelar aspectos relevantes de nuestra vida privada, como, por ejemplo, la raza o el nivel socioeconómico que tenemos (huellas dactilares), o bien, nuestro estado de salud, presente o futuro (iris de los ojos). Esta información abre, sin duda alguna, las puertas a la discriminación.

El Padrón de Usuarios de Telefonía supone también una vulneración al derecho a la protección de datos personales. Uno de los principios fundamentales en esta materia es el de la proporcionalidad, esto es, sólo deben tratarse aquellos datos adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para el fin propuesto. Si el fin es crear un registro que relacione a una persona con su línea telefónica, ¿por qué necesitaría el Estado mis datos biométricos? Esto conllevaría de nuevo otra intromisión a la vida privada: darle al Instituto Federal de Telecomunicaciones todos los detalles sobre quiénes somos y con quién nos comunicamos.

La búsqueda de datos biométricos por parte de la SEGOB inició, de hecho, desde 2019, cuando le solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la base de datos biométricos más poderosa de todo el país: el padrón electoral. El INE, afortunadamente, se negó a entregársela, puesto que, de hacerlo, habría contravenido otro de los principios de protección de datos personales, esto es, el de finalidad. Una base de datos no puede usarse para un fin distinto para el que fue creado a menos de que se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales, o bien, una autorización legal. En este caso, ha quedado claro que la SEGOB optó por la segunda ruta, pues cabildeó intensamente en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de Ley General de Población.

A diferencia de la administración Calderón, la 4ta. Transformación se propone crear los nuevos padrones de datos personales biométricos a través de la promulgación de leyes, lo cual, en principio, podría considerarse válido en un sistema democrático. Esto, no obstante, no invalidaría la vulneración al derecho a la privacidad y al de protección de datos personales.

La aprobación de los dos proyectos legislativos por la Cámara de Senadores le podría conferir a la SEGOB, para el caso de la Cédula de Identidad, un gran poder de control y vigilancia sobre la población mexicana, pues tendría acceso directo, esto es, con tan sólo dar un click, a un registro que le dirá quiénes somos, cuándo nacimos, dónde vivimos, etcétera. El Padrón de Usuarios de Telefonía también fortalecería el poder de vigilancia del Estado, pues facilitaría el monitoreo de nuestras comunicaciones, despojándolas de la privacidad de la que hoy gozamos al hacerlas.

A nadie le queda duda de la gran utilidad que podrían tener los padrones de datos personales que pretende crear la 4T. Los gobiernos de varios países con democracias funcionales como Estados Unidos, Reino Unido o Australia han sido tentados con la idea de adoptar este tipo de bases de datos. Sin embargo, cuando las y los ciudadanos de esos países se percataron del alto costo económico que conllevaría la creación de este tipo de padrones, su falibilidad, así como el enorme poder de vigilancia que les podría conferir a los gobiernos en turno, decidieron renunciar a las supuestas bondades administrativas y burocráticas que, alguna vez, esos mismos gobiernos les prometieron.

Quedará en nosotros decidir si escuchamos el canto de las sirenas de un partido al que le encanta la centralización del poder, o bien, si preferimos no correr riesgos y optamos por preservar el régimen de derechos y libertades que tanto trabajo nos ha llevado construir en México.

El Dr. Diego García Ricci es académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.