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La Cámara de Diputados mexicana aprobó por 420 votos a favor y 15 abstenciones una reforma constitucional que elimina el fuero presidencial y permite que el jefe de Estado en funciones pueda ser imputado o juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

La reforma, que era una de las grandes promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe pasar ahora por el Senado y ser aprobada por la mitad más uno de los congresos regionales antes de entrar en vigor.

“Ojalá se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancias y actuemos como buenos ciudadanos”, dijo el jueves el mandatario.

Tanto el Congreso como el Senado, con mayoría afín al presidente, habían rechazado en varias ocasiones una iniciativa similar que incluía también el fin de los fueros para los legisladores.

López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción su máximo objetivo y aspira a convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan si deben o no ser enjuiciados sus antecesores, aunque todavía no está claro si ese referendo podrá superar los procesos legales necesarios para convertirse en realidad.