Ricardo Homs

El tema de las remuneraciones, que tiene enfrentados al Poder Judicial por una parte y a los poderes Legislativo y Ejecutivo por otra, tiene varias ópticas desde las cuales enfocar el asunto.

Por una parte, representa la injerencia de dos de ellos en la regulación interna de un tercero.

El respeto mutuo que tradicionalmente se han tenido entre sí los tres poderes, ha sido la base de la institucionalidad de este país.

Es cierto que siempre la fortaleza económica del Poder Ejecutivo ha intentado cooptar a los legisladores para poder tener leyes que le beneficien y permitan gobernar con holgura. Sin embargo, esto se ha ejercido de modo individual y persuasivo, no de modo institucional, como hoy sucede.

Sin embargo, esta relación del Poder Ejecutivo con los legisladores, siempre ha sido manejada con discreción, en el ámbito del cabildeo. Ante los temas institucionales del Congreso, el Poder Ejecutivo ha mantenido distancia.

Es precisamente la bancada afín al gobernante en turno la que propone y promueve iniciativas que favorecen a su correligionario, o sea el gobernante de su propio partido y así el poder ejecutivo se ha mantenido al margen, permitiendo al Congreso actuar con autonomía institucional, generando públicamente una percepción de respeto. Las negociaciones han sido al interior del Congreso, entre sus miembros.

En contraste, hoy las formas han cambiado y se ha hostigado al Poder Judicial desde los otros dos poderes, que son su igual. El Estado Mexicano se conforma por los Tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es cierto que ha sido muy fácil hacerlo porque la posición del Poder Judicial se ha vuelto vulnerable ante la percepción ciudadana en los últimos tiempos.

Centrar la ira pública en contra del Poder Judicial ha sido rentable para el ejecutivo y el legislativo porque desde siempre la ciudadanía ha sentido animadversión contra quienes imparten justicia en México, argumentando corrupción y en esto lo mismo se engloba a las policías y los ministerios públicos, que en realidad dependen del Poder Ejecutivo a través de las procuradurías estatales y federal, como a jueces, magistrados y al Poder Judicial en su conjunto. La gente no establece diferencias.

Por otra parte, desde el sexenio del presidente Calderón ha circulado información respecto de los altos salarios de quienes conforman la cúpula organizacional del Poder Judicial, sin haberse sustentado objetivamente lo dicho. El mismo presidente Calderón cuestionó decisiones del Poder Judicial, a fin de su sexenio, lo cual impactó a la opinión pública.

Por si fuera poco, la forma en que se exhibió a sí mismo, en redes sociales, el magistrado Alfonso Eduardo Serrano Ruíz parece justificar la percepción pública de excesos en el Poder Judicial.

Además, ha habido una pobre defensa de sus intereses por parte de quienes han intentado justificar sus salarios y prestaciones.

La entrevista que realizó Mario González, en el noticiero Enfoque, al magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, mostró el intento de justificar, palabras más o palabras menos, que esos salarios permiten a los funcionarios del poder judicial centrar sus esfuerzos en su trabajo sin andar buscando otras fuentes de ingreso que podrían distraerlos de sus responsabilidades profesionales como servidores públicos.

La realidad es que este argumento es de pobreza extrema, e injustificable para alguien que se especializa en emitir juicios para procurar justicia a los ciudadanos.

Supeditar el cumplimiento de las obligaciones laborales a las necesidades personales del funcionario público, equivale a justificar el robo con base en las apremiantes necesidades materiales de quien comete un delito, así como justificar la corrupción si el funcionario tiene un salario por debajo de sus necesidades económicas. ¿Dónde quedan los valores morales y la ética en el ejercicio profesional y en la vida cotidiana?.

Así como el delito existe al margen de las circunstancias personales de quien lo comete, la justificación de los salarios debe sustentarse en otro tipo de argumentos, muy lejos de las necesidades de los funcionarios públicos, lo cual es totalmente subjetivo.

Lo que sí debemos exigir los mexicanos es que la aplicación de políticas públicas se de en un marco de respeto y civilidad, más que de confrontación interinstitucional, pues ello socava la autoridad moral del Estado Mexicano y refuerza en el ciudadano la percepción de que en nuestro país la única forma de obtener justicia es por la vía de la confrontación con las autoridades.

Esto nos explica por qué el ciudadano en los últimos tiempos asume una actitud colectiva agresiva ante las autoridades cuando surge un problema.