El señalamiento ocurre después de que el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocaran el pasado 2 de octubre la primera piedra del proyecto en el complejo de seguridad RHINO, en Querétaro.
“Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador y al gobierno de Estados Unidos es que se cumpla con las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, dijo la mandataria.
Sheinbaum explicó que el proyecto contempla capacitación relacionada con narcotráfico y otros asuntos que corresponden al ámbito federal, por lo que la cooperación con instituciones estadounidenses requiere pasar por los mecanismos establecidos por el Gobierno de México.
La mandataria precisó que la existencia de la academia no está en discusión, sino las condiciones bajo las cuales podrán participar las agencias estadounidenses.
“Pueden tener esta academia internacional, sí. ¿Bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de Estados Unidos? Bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y SRE, si consideran que está en el marco de nuestra Constitución”.
El marco jurídico presentado por la presidenta establece que la cooperación internacional en materia de seguridad no puede gestionarse únicamente desde un gobierno estatal. El artículo 89 constitucional atribuye al Ejecutivo federal la conducción de la política exterior, mientras que el artículo 117 impide a las entidades federativas celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.
Además, los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional regulan la cooperación con gobiernos extranjeros. La legislación establece que la acreditación de agentes extranjeros corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina. También establece que las reuniones de servidores públicos estatales con agentes extranjeros deben contar previamente con autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y realizarse con la presencia de un representante de la SRE.
El procedimiento mostrado por la Presidencia contempla que el gobierno estatal solicite la cooperación a través de la SRE; posteriormente, las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad revisan el proyecto y, de considerarlo procedente, la Cancillería emite el dictamen correspondiente.
En este caso, la SRE confirmó que el proyecto requería ese visto bueno previo, por lo que la academia no contaba con la autorización federal necesaria para establecer la cooperación internacional en materia de seguridad cuando se realizó el acto de colocación de la primera piedra. La Cancillería ofreció acompañamiento al gobierno de Querétaro para realizar las gestiones correspondientes.
La academia contempla una inversión superior a 30 millones de pesos, tendrá una superficie de construcción de mil 84 metros cuadrados y contará con áreas para inspección de automóviles, autobuses y tractocamiones, laboratorio, sala de monitoreo y espacios para capacitación especializada. Su conclusión está prevista para enero de 2027.
El proyecto busca capacitar a policías en la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otras formas de contrabando, además de recibir elementos de otras entidades y eventualmente de otros países.
Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos no está descartada, sino que debe realizarse mediante los canales institucionales correspondientes.
“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional pero hay que cumplir la ley, porque no puede ser que uno hable de Estado de derecho y que después a la hora de la hora pues no cumpla con los requisitos”, concluyó.
Así, el punto que queda pendiente no es la construcción de una academia internacional en Querétaro, sino regularizar y autorizar el esquema de cooperación extranjera que se pretende desarrollar dentro de ella, antes de que las agencias estadounidenses participen formalmente en sus actividades.
