Funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Huauchinango realizan proselitismo político en horario laboral

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. — Servidores públicos del Registro Público de la Propiedad de Huauchinango fueron señalados por realizar actividades de campaña política en horario de trabajo, en lo que se califica como un uso indebido de funciones y posible aprovechamiento de recursos institucionales.

Carlos González de la Calleja, Registrador Público de la Propiedad, y Margarito Espinoza Martínez, Registrador de Regularización de Predios, encabezaron una reunión de proselitismo en favor del partido Morena, donde recibieron al diputado federal Juan Antonio González Hernández y al delegado regional de Morena, Rosendo Islas. El encuentro se llevó a cabo en un restaurante del centro de la ciudad, durante horas de atención al público.

Durante el acto, los funcionarios y los dirigentes partidistas expusieron una agenda centrada en la llamada “defensa de la soberanía nacional”, argumentando que el Gobierno federal y estatal —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier— enfrentan una campaña de desprestigio orquestada desde el extranjero, particularmente por intereses vinculados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmaron que Estados Unidos busca desestabilizar a los gobiernos de izquierda, señalando el uso de “bots, robots y cadenas televisivas” para generar desinformación contra Morena, al que calificaron como el movimiento de izquierda más grande del mundo.

En el mismo sentido, el diputado federal enumeró los programas sociales federales —becas Benito Juárez, apoyos para educación básica, ayudas a adultos mayores de 60 años y más— como logros exclusivos del proyecto morenista, haciendo un llamado a la concurrencia a sumarse en respaldo a la presidenta y al gobernador.

Lo que ha generado mayor inconformidad entre la ciudadanía es que estas actividades políticas se realizaron, en horario laboral y con la presencia de los titulares de las dependencias, quienes en lugar de atender los trámites y servicios que la población requiere, dedicaron su tiempo de trabajo a realizar proselitismo. Se advierte que estas acciones podrían constituir una violación a la normativa electoral y al principio de neutralidad que deben observar los servidores públicos, además del presunto uso de recursos públicos para fines partidistas.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna postura oficial por parte de las autoridades estatales ni del propio registro público respecto a estos hechos.