Padres de los 43 exigen que Ángel Aguirre “N” sea declarado culpable por caso Ayotzinapa

EL VALLE

Ciudad de México.- Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sea declarado culpable por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, al considerar que tuvo responsabilidad en la desaparición de material videográfico que podría aportar información clave sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los familiares sostienen que Aguirre Rivero debe responder por la pérdida de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, debido a que esas imágenes podrían haber documentado parte de la agresión contra los normalistas y aportar elementos para establecer qué ocurrió con los jóvenes después de su desaparición.

La acusación cobra relevancia luego de que el exmandatario fuera detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México. Las autoridades federales lo señalan por presuntamente haber ordenado la destrucción u ocultamiento de evidencia relacionada con el caso.

Las cámaras de vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala se encuentran entre las evidencias que durante años han sido reclamadas por las familias de los estudiantes.

De acuerdo con investigaciones previas, las cámaras pudieron haber registrado el momento en que elementos policiales interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. La ausencia de las grabaciones ha sido señalada como uno de los obstáculos para reconstruir con precisión lo ocurrido durante aquella noche.

La investigación federal sostiene ahora que la pérdida de ese material no habría sido simplemente resultado de una falla técnica, sino de una acción deliberada para eliminar evidencia. Un testimonio incorporado recientemente a la investigación habría señalado la participación de Aguirre en decisiones relacionadas con la desaparición de esos registros.

Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos, renunció al cargo semanas después de la desaparición de los estudiantes.

Su detención representa uno de los movimientos más relevantes de las investigaciones recientes sobre Ayotzinapa. La FGR le atribuye delitos relacionados con desaparición forzada y obstrucción o afectación de la administración de justicia, en una investigación que busca determinar quiénes participaron en el encubrimiento de información y evidencia.

El caso también ha alcanzado a exfuncionarios de la administración estatal. En marzo de 2026, dos exfuncionarias fueron vinculadas a proceso en una investigación relacionada con la pérdida o destrucción de material videográfico de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Desde entonces, sus familiares han mantenido la exigencia de conocer su paradero y de que todos los funcionarios y particulares que hayan participado en los hechos o en su encubrimiento sean llevados ante la justicia.

En junio pasado, padres y madres de los normalistas denunciaron que, a casi 12 años de los hechos, todavía no existe información suficiente que permita conocer el paradero de los estudiantes y reclamaron la entrega de información oficial que permanece pendiente.

La investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que determine si las acusaciones contra Aguirre Rivero quedan acreditadas. Mientras tanto, los familiares de los 43 consideran que el esclarecimiento de la desaparición de los videos del Palacio de Justicia constituye una pieza fundamental para avanzar hacia la verdad y la justicia en uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en México.