Staff/RG

• El operativo contra el hijo del ‘Chapo’ Guzmán tiene diversos beneficiarios tanto en lo interno de cada país como en el contenido de la agenda bilateral de seguridad
• El experto de la IBERO señala que la captura de “objetivos prioritarios”, como llaman al descabezamiento de organizaciones criminales, no es suficiente para su desarticulación y el restablecimiento de la seguridad

La aprehensión de Ovidio Guzmán del pasado 5 de enero representa no sólo la operación que reivindica la corrección de los efectos negativos del llamado Culiacanazo en la anterior captura fallida de 2019, donde el ejército y el gobierno fracasaron, dejando en entredicho no sólo la honorabilidad de las fuerzas armadas sino la credibilidad presidencial. Se sembró la sombra de los términos de una nueva “pax narca” mexicana, donde la estrategia de seguridad bajo la consigna de “abrazos, no balazos” también dejó la duda sobre la diferenciación de un combate al narcotráfico donde el gobierno concentra sus acciones y omisiones para el beneficio de una organización o capo determinado. El entramado complejo de este suceso en vísperas del encuentro de los líderes de América del Norte observa aristas particulares con cálculos y efectos eminentemente políticos en México y los Estados Unidos tanto en sus dimensiones internas de cada país como en la relación bilateral propiamente dicha.

El “factor americano” y la agenda de seguridad. A partir del trauma del asesinato en México en los años ochenta del agente de la agencia antidrogas Enrique Camarena, los distintos gobiernos han hecho ofrendas de acciones relevantes y favorables a los ojos de los Estados Unidos siempre en la víspera de encuentros entre sus gobernantes: desde la realización de decomisos significativos de drogas en territorio mexicano, el arresto o asesinatos de capos de cárteles que se encuentran en las listas de los más buscados por el gobierno vecino, extradiciones de personajes también de interés norteamericano, etc. Quizá la diferencia de matiz ahora es el contexto trilateral, pero es indudable que el peso en el análisis en la captura de Ovidio recae en el eje México-Estados Unidos. El criterio de oportunidad en este caso se hace evidente en la variable temporal que implica la definición y planeación del objetivo, entre cuatro y seis meses si la ponderación se atiene a los datos publicados en este respecto: el cálculo de la operación y su ejecución procuró apartarse de los patrones que derivaron en el fracaso de 2019 y que, evidentemente a diferencia de entonces, tuvo el conocimiento presidencial requerido.

El contexto de la motivación específica norteamericana para inducir el comportamiento mexicano a dar un giro importante en su derrotero de seguridad se observa a partir de los pronunciamientos y expresiones de diversos ámbitos del poder: desde el militar donde el Comando Norte señaló que el gobierno mexicano ha dejado de tener control de la seguridad sobre una tercera parte del país, pasando por el Congreso que en sus diferentes análisis sobre el hemisferio ha destacado el crecimiento e influencia de carteles de la droga marcando una respuesta ambivalente y/o poco eficaz por parte de las instituciones de seguridad de México, particularmente las castrenses (pese a su mayor y extendida presencia pública con el fenómeno de la militarización impulsada por el gobierno), hasta las del propio gobierno del presidente Joe Biden donde el Departamento de Estado y diversas agencias (como la DEA, su institución antidrogas) han puesto de manifiesto su preocupación por el incesante flujo de fentanilo (opiáceo sintético para la elaboración de drogas más potentes y adictivas) producido aquí y trasladado a su territorio, donde sus efectos sobre su población joven están siendo devastadores. El cártel de Sinaloa ha concentrado e incrementado buena parte de sus actividades criminales de los últimos años en este segmento ilegal de sus negocios.

El “Gana-gana” México-EEUU y su dimensión interna. Las administraciones actuales de cada país atraviesan por circunstancias políticas específicas que están condicionando, si no su viabilidad como gobiernos sino su interés por el que, en mayor o menor medida, buscan trascender en influencia en el ejercicio del poder. El gobierno de Biden enfrenta un entorno político bajo la amenaza de un regreso republicano al poder con una sombra del Trumpismo que no se disipa del todo. La situación particular de su problemática de salud y seguridad con el factor del fentanilo que introducen los narcos mexicanos en Estados Unidos se politiza en detrimento del gobierno. De ahí que no sea casual, entre otros temas de la agenda bilateral, el interés norteamericano de insistir en la política antidrogas y de seguridad de su gobierno vecino al sur del río Bravo.

El gobierno de López Obrador, por su parte, entrando en su declive sexenal, con un proceso sucesorio adelantado y con un déficit claro en los resultados de su política de seguridad (los números en cuanto a homicidios y desapariciones, por ejemplo, tienden a rebasar las cifras sexenales anteriores del PAN y del PRI) juegan en contra de la “pax narca” con la que se identificó el Culiacanazo y la carta de impunidad al cártel de Sinaloa que se atribuye al gobierno. En ese sentido, el operativo contra Ovidio Guzmán tiene diversos beneficiarios tanto en lo interno de cada país como en el contenido de la agenda bilateral de seguridad.

En ambos países hay capitalización política a favor de cada presidente que se sacuden en lo individual señalamientos, según, de incapacidad o de complicidad, con la problemática que representa el crimen organizado trasnacional y el cartel de Sinaloa en específico. Las instituciones de seguridad de cada país, la DEA para Estados Unidos y el ejército mexicano, rescatan y reivindican su imagen de eficiencia respecto de la lucha antinarco. En este punto hay que advertir lo limitado de la visión bilateral y lo ilusorio que es la celebración que presenciamos desde el viernes pasado: demostrado está que la mera captura de “objetivos prioritarios” como llaman al descabezamiento de organizaciones criminales, no es suficiente para su desarticulación y el restablecimiento de la seguridad.

Implicaciones más allá de la celebración y la retórica. Las reacciones titubeantes y contradictorias del lado de los funcionarios mexicanos, civiles y militares ponen de manifiesto el predominio de sectores muy específicos de la seguridad mexicana que no necesariamente está siendo acompañada de una visión de Estado sino de cálculo de beneficio político en el corto plazo. Es difícil aceptar la coincidencia y la oportunidad no solo de las entrevistas de los mandatarios de América de Norte sino de la inminencia del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos con las expectativas y el morbo que acarrea, pero en especial, por el interés que tiene para el gobierno mexicano capitalizar políticamente cualquier señalamiento sobre la administración a la que sirvió como secretario de seguridad y de que precisamente se le acusa de colaborar con el cartel de Sinaloa. Bajo esta perspectiva, con el arresto del hijo de Joaquín Guzmán, el terrible inicio de año con la masacre del penal de Ciudad Juárez y la respuesta de exterminio del gobierno, pasaron de inmediato al olvido sin sopesar todas sus implicaciones en materia de seguridad para el país y su situación carcelaria.

Otro aspecto con daños colaterales que tiende a ignorarse no es menos importante, la eficacia militar (y en su momento civil) ha dejado atrás su aprendizaje de operativos pulcros de alto impacto en los que se presumía la ausencia de pérdidas humanas en la captura de capos de la droga: la captura de Ovidio ha sido un operativo “a sangre y fuego” que, en estricto rigor, pone en duda las prácticas internacionales del uso de la fuerza y que conlleva consecuencias jurídicas.

Finalmente, una de las dudas importantes que deja la captura de Ovidio es sobre los términos de la “pacificación” que plantea el gobierno mexicano y si es el principio para, ahora sí, combatir de manera integral al cartel de Sinaloa (donde la facción que lideraba Ovidio representaba solo una cuarta parte de la organización). Más aún, si esto también anticipa la escalada para extender dichas acciones contra el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación o, peor, si se trata de un movimiento pendular donde los ciudadanos seguimos siendo testigos y víctimas inermes. Del lado norteamericano, queda la tranquilidad momentánea de haber afectado una parte del flujo de fentanilo a su territorio, pero la historia al respecto nos ha demostrado (con los casos de la marihuana y la cocaína) que eso no es suficiente. La victoria, si se mira de ese modo, tiende al restablecimiento mínimo de la cooperación bilateral en la materia. Por ahora, la celebración y el beneficio es mutuo… solo para los gobiernos.

*El Mtro. Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana.