Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

Antes de comentar la embestida que hace el gobierno de Puebla en su contra, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, interpuso un amparo por posibles actos de tortura psicológica, el cual es favorable en virtud de haber logrado una suspensión y se ordenó una investigación que debe realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa.

La defensa que hace Romero Serrano para mantenerse en el cargo que protestó en el año 2019 y se supone que debería durar 7 años, se da en desventaja, puesto que la independencia de poderes es mero formulismo, en la realidad la sumisión del poder legislativa y judicial hacia el ejecutivo ha sido una costumbre, que data desde la creación de la república. Así que no resulta extraño, que los empleados oficiosos del gobernante en turno pasen a las cámaras o a los juzgados o de estos al poder legislativo, sin mayor recato que cambiarse de corbata, chamarra o vestido, para portar los colores partidistas de quien gobierna en ese momento.

Si bien la separación de poderes debe ser una norma en las democracias, a nivel nacional como local, todo indica que esa separación de poderes es más una separación de funciones. la separación de poderes se encuentra en el nivel más alto de la democracia y los sistemas de gobierno, en donde cada poder tiene una función específica, soberana e independiente. La separación de funciones es similar a la de poderes, pero ésta únicamente ocurre dentro de un mismo poder, por ser una actividad de organización funcional.

Entonces el poder legislativo “determinó” que hubiera un auditor, independiente en sus decisiones a fin de fiscalizar las cuentas públicas, inclusive las del propio poder que le dio esa facultad. Su duración de siete años no es ociosa, esta se deriva de la importancia que tiene el de mantener su independencia y sobre todo garantizar que sus decisiones no estén sometidas a un poder, a fin de cumplir con un ordenamiento de transparencia, honestidad y desempeño público.

¿Cuál es entonces la razón de cambiar al auditor de la Auditoría Superior del Estado?

¿Acaso encontró fallas en el ejercicio presupuestal del gobierno del Estado?

¿Acaso no conviene a los intereses del gobernante en turno?

¿Se pretende ocultar fallas en el ejercicio presupuestal de municipios “amigos” del gobernador?

Cualquiera que sea el motivo por el cual, ahora Romero Serrano es considerado persona “Non Grata” para el gobierno del Estado, todo indica una estrepitosa caída con algunas estrategias legislativas y artimañas jurídicas para destituirlo.

Veremos entonces, modificación de normas, filtraciones y componendas que se ventilarán en la prensa, de un lado la llamada “chayotera” y de otro la “independiente” o sin convenio de “comunicación social”, para crear un ambiente de linchamiento en contra de la futura víctima.

En esta dinámica en proceso Romero Serrano, en su recurso 20/2022, que interpuesto ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, denunció tortura psicológica sistemática y su “inminente detención arbitraria” por parte del gobierno, Consejería Jurídica del estado, la fiscalía general del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Como uno de los artilugios ya utilizados, para desprestigiar a la víctima, fue la supuesta denuncia de violencia familiar que habría cometido en contra de su esposa, así como la filtración descarada del hecho. El resultado ya se conoce, no existía dicha denuncia, al menos no la presentó su esposa y todo indica que se trataba de “dichos” y supuestamente fue presentada por un “elemento policiaco”.

No obstante, la andanada jurídica en contra del auditor, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado “guardó silencio” ante la queja presentada por la esposa de la víctima por el “sufrimiento mental” que provocaron las notas periodísticas.

Romero Serrano señaló que las declaraciones del gobernador emitidas los días 22 y 23 de diciembre de 2021, donde le advirtió que “no habría impunidad” en su caso, le causaron agravio a sus derechos humanos y a su integridad psicológica.

El día 21 de diciembre de 2021 la Jueza de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, giró una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar dentro de la causa penal 631/2021/CHOLULA, dijo que la filtración de la misma lo está afectando de manera personal y directa. Aun cuando en un principio fue negada la suspensión en su juicio de amparo, pero tras presentar un recurso de queja con número 12/2022, el 19 de enero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado su recurso y dio vista al Ministerio Público Federal, para que “proceda a la investigación correspondiente de manera independiente, imparcial y meticulosa respecto a las manifestaciones de tortura psicológica”. Tras la resolución del magistrado federal, el auditor obtuvo la suspensión de oficio que impide la ejecución de cualquier mandato de tortura en su contra o, en su caso, cesar de inmediato cualquier acto de este tipo que se esté realizando, por parte de los demandados.

Sin embargo, como en el beisbol, el gobierno del Estado, apenas había fallado su primer lanzamiento y el pasado miércoles 2 de febrero Romero Serrano denunció públicamente al gobierno de iniciar una estrategia en su contra para sabotear su trabajo de fiscalización y también acusó ser objeto de una persecución política, saliendo a relucir nombres ya conocidos que se dice, forman parte de la mafia del poder.

Creo que, por el bien de la república y sus gobernantes, que debe regresar la cordura al mandamás en turno, evitando a toda costa, utilizar recursos públicos o acciones en un complot contra el auditor.

¿O no lo cree usted?