Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

Dice un conocido refrán que cuando el perro es bravo hasta a los de casa muerde; y parece que tal conseja es cierta. Tal es el caso de Guillermo Jenkins, quien denunció de fraude a su papá (antes de morir), mamá y hermanos en el año 2016, cuando tras un altercado familiar fue expulsado de la Fundación y destituido de todos los consejos directivos de las empresas.

Guillermo Jenkins Landa es hijo de Guillermo Jenkins Anstead, (originalmente Guillermo Anstead) hijo adoptivo del extinto y poderoso Whilliam Jenkins, porque había procreado únicamente hijas, Jane y Tita, con su esposa Mary Street.

Roberto Jenkins afirma que de agosto de 2013 a diciembre de 2014, funcionarios del Gobierno de Puebla los trataron de “extorsionar” varias veces, en complicidad con su hermano. Él menciona concretamente a Luis Maldonado Venegas, en ese momento Secretario General de Gobierno de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, ambos ya muertos.

No resulta ocioso hacer un paréntesis, Luis Maldonado Venegas fue asesor de Rafael Moreno Valle Rosas, cuando fue Secretario de Finanzas del Estado en el año 2002, cuando fungía como gobernador Melquiades Morales Flores. Del año 2008 a 2010 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia (Movimiento Ciudadano) partido del que renunció en el año 2014 para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta su muerte en el año 2019. En el año 2009 invitó y autorizó la candidatura plurinominal del rector de la UDLA Alejandro Gertz Manero, quien fungió como diputado en la legislatura 2009-2012.

La primera extorsión, emanada supuestamente de Maldonado Venegas, en agosto de 2013, Guillermo Jenkins exigía la entrega del Colegio Americano de Puebla, valorado en algo más de 30 millones de dólares, además de otros 36 millones para su funcionamiento. Como una forma de solucionar el conflicto.

Meses después, Roberto afirma que su hermano Guillermo hizo llegar más propuestas, ahora agregaba el control de la UDLAP, universidad con un campus valuado en más de 100 millones de dólares. En su defensa, Guillermo niega su autoría e involucra a Maldonado, como una forma de solucionar el problema y una especie de compensación por su expulsión de la fundación.

En diciembre de 2014, el presidente de la fundación Jenkins Anstead, esposo de Elodia De Landa, alarmado por la complicidad de su hijo Guillermo y el Gobierno de Puebla, firmó un convenio de donación a otra fundación en donde no participaba Guillermo, posteriormente mudo el domicilio de Aguascalientes a Barbados y de esta a Panamá, en donde además cambió de nombre.

Según Roberto y familia denunciada, aquel movimiento trataba de poner a salvo los activos del instituto, ambicionados por el primogénito y por el Gobierno de Puebla, entonces bajo el control de Rafael Moreno Valle Rosas, que en mayo de 2014 fue publicado el decreto de una iniciativa enviada al H. Congreso del Estado que fue aprobada sin modificación alguna, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

La denuncia presentada por Guillermo, pretendía entre otros motivos, hacer valer el nuevo ordenamiento legal que establece en su artículo 9 que “Una vez constituidas las Instituciones conforme a esta Ley, no podrá revocarse la aportación de bienes o derechos hecha por el fundador o fundadores, para constituir el patrimonio de aquéllas; sin embargo, las Instituciones, previa autorización de la Junta, podrán desincorporar su patrimonio cuando legalmente proceda”. Lo cual no sucedió en la especie, al realizar su padre la donación en diciembre de 2014.

Sin embargo el nuevo ordenamiento es claro, al señalar en su tercero transitorio que “Las Instituciones de Beneficencia Privada que hubieran sido constituidas en forma previa a la entrada en vigor de la presente Ley… sin perjuicio de que se encuentren obligadas a someterse a las disposiciones de esta Ley y demás legislación aplicable”. Esto es así porque no puede ser aplicable dicho ordenamiento de forma retroactiva en su perjuicio, como lo establece el ordenamiento constitucional mexicano.

En el anterior ordenamiento que regulaba las instituciones de beneficencia privada únicamente establecía en su artículo 12 que “Una vez que las Instituciones queden definitivamente constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley, la afectación de los bienes hecha por la o las personas fundadoras para constituir el patrimonio de aquellas, será irrevocable.” Pero es una ley decretada el 26 de junio de 1994 y la fundación fue constituida varias décadas antes, en concreto William O. Jenkins creó su fundación, de conformidad con la Ley de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla del 23 de febrero de 1900, publicada el 24 de ese mismo mes y año, así como su Reglamento de fecha 28 de febrero de 1900.

Aplicando a favor la disposición promulga en junio de 1994, su Artículo 43 establece que “Las Instituciones de Beneficencia Privada podrán hacer donativos a otras Instituciones similares, cuando sus fondos se lo permitan, respetando siempre la voluntad de los fundadores de la Institución donante y cumpliendo los demás requisitos que la presente Ley establece”. Y que ocurrió en la especie, cuando el patriarca de los Jenkins Landa, donó a una fundación similar, pero fuera del ámbito territorial poblano. Toda vez que dicho ordenamiento no establece territorialidad.

La parte demandada asegura que en 2014, con la nueva ley, las presiones del Gobierno estatal por conducto de Maldonado, se sentían cada vez más intensas. De acuerdo a Roberto, su madre y hermanas, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano que debe mediar en conflictos en fundaciones, aliado a Guillermo y Gobierno del Estado. Esta complicidad provocó que se agilizaran los trámites de escrituración y en diciembre de 2014, el último inmueble había sido escriturado y la fundación se trasladaba a Barbados, debiendo recordar que ya no se trataba de la Fundación creada en Puebla, sino aquella que recibió el donativo en Aguascalientes.

Así que sin posibilidades de tener como aliado al Gobierno del Estado y la remoción de Maldonado de la Secretaría General de Gobierno, en 2016 Guillermo Jenkins De Landa denunció a su papá, su mamá, sus hermanos y abogados; por fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para él, esa donación de los bienes de la fundación era un delito y respondía a la lógica de su padre, que se consideraba heredero del abuelo. Dos años después, la FGR en ese momento llamada PGR decidió archivar la denuncia de Guillermo,” en virtud (como ya se ha dicho antes) “el contrato de donación no es ilícito, ni tampoco los actos relacionados”. Más aún, la Fiscalía señala que Guillermo ni siquiera podría ser víctima de delito alguno, ya que él ni siquiera formaba parte del patronato de la fundación en el momento de la donación. Dicho más simple, no era parte. No obstante que Guillermo recurrió la decisión, sus intentos fracasaron.

Pero no obstante sus constantes fracasos, Guillermo ve una nueva oportunidad de vengarse de las decisiones de su padre (muerto) madre y hermanos, nuevas autoridades con suficiente poder, para inclinar la balanza a su favor o de a perdida, beneficiar a otros. Sin duda cuando el perro es bravo hasta los de casa muerde.

¿O no lo cree usted?