Universitat Oberta de Catalunya

“Lo que la labor de los defensores de los derechos humanos y ambientales revela es la salud de la democracia y la existencia de una ciudadanía activa”

Siete de los diez países con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales se encuentran en América Latina: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua, según un estudio de Global Witness. “Hay un gran problema, y es que no existe un reconocimiento adecuado y completo por parte de los gobiernos y las instituciones de los distintos estados de la labor de los defensores de los derechos humanos”, indica Felipe Galvis Castro, profesor colaborador del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Se trata de una tendencia que va en aumento año tras año, pues en 2018 se registraron 164 crímenes, mientras que en 2019 el número se elevó a 212. Para el investigador en derechos humanos, estas cifras se deben a que existe una cierta estigmatización y criminalización de la labor de los defensores de los derechos humanos, considerándolos como ciudadanos que, de alguna forma, quieren subvertir el orden y atentar contra las instituciones. “Realmente, lo que la labor de los defensores de los derechos humanos revela es la salud de la democracia y la existencia de una ciudadanía activa que reivindica sus derechos y que está muy atenta a lo que hacen los gobiernos en esta materia”, indica el experto de la UOC.

Esta violencia ha hecho que Latinoamérica sea caracterizada como la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos, “lo que ha causado una cierta ausencia en el reconocimiento de su labor como un hecho significativo que contribuye al fortalecimiento de la democracia de los países, algo particular que ocurre en la región”, añade Galvis.

El desconocimiento y la violencia respecto a los defensores de derechos humanos que trabajan en el ámbito ambiental requieren atención significativa por parte de los gobiernos e instituciones de la región. Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que implica la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, pues, aunque se ha llegado a acuerdos para reducir las violaciones de los derechos humanos, el principal desafío al que deben enfrentarse los países de la región es avanzar en la ratificación de estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como en la aceptación de los documentos y tratados en los cuales se han previsto las garantías básicas para los seres humanos.

“Además de ofrecer la ratificación de los tratados internacionales, se requiere un mayor compromiso de los estados para profundizar en la aplicación de los derechos humanos y compromisos, así como su implementación en la vía práctica, en la vida cotidiana de la ciudadanía; de lo contrario, nos quedaremos en el campo de los tratados, en el campo del derecho en los libros, pero muy poco en el campo de los derechos en acción, en la vida real”.

Para avanzar, esta implementación deberá ir acompañada de la formación de ciudadanos y profesionales de la región en el campo de los derechos humanos en toda América Latina para atender los retos que se encuentran actualmente en la región.