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La Policía Nacional de Nicaragua detuvo el 5 de julio pasado a cinco líderes campesinos y estudiantiles. Estas personas se sumaron a otras 21 detenidas en las últimas semanas en el país centroamericano, según las denuncias recibidas por la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los nuevos detenidos son Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador y Freddy Alberto Navas López, miembros del Movimiento Campesino; y Lesther Lenin Alemán Alfaro y Max Isaac Jerez Meza, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense.

La ONU y la Comisión señalaron que es muy preocupante que el gobierno de Nicaragua se centre en los sectores campesino y estudiantil, participantes protagónicos en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 y en el diálogo nacional del mismo año.

Precandidatos presidenciales

Medardo Mairena Sequeira había expresado públicamente el deseo de presentarse como candidato presidencial en las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre.

Su nombre se añade a la lista de cinco precandidatos a la presidencia detenidos previamente.

El resto de las personas privadas de la libertad son líderes de oposición, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas independiente.

Además, habría más de 130 personas que continúan detenidas por las protestas de abril de 2018, de acuerdo con informaciones de la sociedad civil.

La ONU y la Comisión Interamericana urgieron al Estado nicaragüense a poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.

Sin comunicación

La Policía Nacional ha atribuido las detenciones a delitos cometidos en 2018, al igual que a violaciones de la Ley de defensa de la independencia, la soberanía y autodeterminación.

Hasta el momento, ninguno de los detenidos ha podido comunicarse con su familia ni con algún abogado de su elección.

Las informaciones recibidas por los organismos indican que el 6 de julio se expulsó del recinto de la Dirección de Auxilio Judicial al equipo legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que había acudido a solicitar información sobre los líderes campesinos a los que representa.

Del mismo modo, se impidió el paso a los familiares de los líderes estudiantiles y a los periodistas que querían informar sobre el asunto.

La Oficina de la ONU y la Comisión Interamericana exhortaron a la comunidad internacional a realizar un mayor esfuerzo para que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y refrendaron su voluntad de contribuir para que cesen las acciones represivas y se restablezcan las garantías democráticas en la nación centroamericana.