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Para hacer realidad la promesa de una paz duradera en Colombia es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país, afirma el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país

Según el documento que abarca el periodo del 28 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de 2021, la concentración de la violencia en algunas regiones se debe a la escasa presencia del Estado, la pobreza y la proliferación de actores armados ilegales que se disputan las economías ilícitas.

La misión informa sobre la violencia contra comunidades afrocolombianas e indígenas en la región del Pacífico que se manifiesta en confinamientos y desplazamientos masivos, destacando en particular la situación de Buenaventura, al oeste del país, donde la seguridad se ha deteriorado con enfrentamientos que han afectado severamente a miles de civiles.

El Secretario General pide el despliegue de la fuerza pública en las zonas más críticas, que, de la mano de entidades civiles del Estado, debe traducirse progresivamente en un mayor control del territorio y en una mejor protección de las comunidades.

Se deben cumplir las promesas del Acuerdo

El informe recuerda que el Acuerdo Final creó mecanismos interrelacionados para que las instituciones del Estado puedan llegar a las comunidades de las regiones históricamente afectadas por la violencia y la pobreza, y abrió espacios para que estas comunidades se impliquen y participen en el diseño de soluciones que se ajusten a sus problemas.

“Es fundamental finalizar las 13 hojas de ruta para la estabilización pendientes, tomando debidamente en consideración las prioridades identificadas por las comunidades, a fin de aprovechar los progresos alcanzados en la implementación de los PDET (programas subregionales de transformación integral del ámbito rural)”, asegura António Guterres.

El titular de la ONU expresa que también es necesario seguir avanzando en la adjudicación de tierras a los campesinos para cumplir el objetivo del Acuerdo Final de transformar el campo. Asimismo, para evitar la resiembra y la recaída en el ciclo de economías ilegales que alimentan la violencia es esencial hacer todos los esfuerzos posibles por asegurar que más familias que participan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que ha demostrado que merece ser protegido y desarrollado, tengan acceso a oportunidades productivas sostenibles.

De acuerdo con la misión también se necesita dar pasos firmes en la implementación de los pilotos del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios a fin de aprovechar al máximo las capacidades del Estado y de las comunidades para prevenir y responder a la inseguridad. Además. es fundamental implementar adecuadamente el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos para garantizar que estas puedan seguir desempeñando su vital función en los esfuerzos de construcción de la paz

La violencia continúa

Entre diciembre y marzo, 14 excombatientes (13 hombres y una mujer) fueron asesinados, lo que eleva la cifra a 262 (254 hombres y 7 mujeres) desde la firma del Acuerdo.

El informe resalta que continúa la presencia de fuerza pública en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), garantizando la seguridad a excombatientes y sus familias en estas áreas. Sin embargo, algunos de estos espacios requieren ser reubicados debido a problemas de seguridad. Además, los excombatientes que viven fuera de estas zonas y en las nuevas áreas de reincorporación también enfrentan problemas particulares y requiere soluciones.

Mientras tanto, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa rampante, en los últimos tres meses la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 25 homicidios (incluidos los de tres mujeres y seis líderes indígenas) y documentó 10 masacres en las que murieron un gran número de civiles (otras 12 se encuentran en verificación).

Además, la seguridad en zonas en que se habían registrado mejoras en los últimos años, como la frontera entre Caquetá, Guaviare y Meta y el departamento de Bolívar en Venezuela, también se ha incrementado la violencia.

Elecciones en camino

También es motivo de preocupación la violencia contra miembros de diversos partidos políticos, incluido el homicidio de un concejal en Argelia (Cauca) y el posterior desplazamiento de 11 concejales del mismo municipio. La Misión resalta la importancia de hacer uso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial de cara a las elecciones de 2022.

El informe advierte que Colombia se verá inmersa en los próximos meses en una campaña política que coincide con un entorno complejo provocado por la pandemia del COVID-19. Esta circunstancia, sin precedentes, requiere que todos los actores políticos y la sociedad colombiana en general recurran al diálogo y a los medios democráticos para resolver sus diferencias, si se quiere mantener el hito alcanzado en 2018, cuando se llevaron a cabo las elecciones más pacíficas e inclusivas en décadas.

“En este contexto, la adopción de la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización puede resultar esencial, y la convocatoria periódica y el trabajo eficaz de los consejos de paz y reconciliación a nivel nacional, regional y local también pueden ser decisivos para implementar pactos políticos y fomentar un clima de confianza y tolerancia en medio de la creciente polarización”, afirma el Secretario General.

2021, un año decisivo

Según Guterres, el 2021 será decisivo para la labor del sistema de justicia transicional de Colombia.

“Me alientan los avances logrados en el esclarecimiento de capítulos dolorosos del conflicto armado. Para que el sistema tenga éxito en la defensa de los derechos de las víctimas y en sentar las bases de la reconciliación, es necesario que excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros en el conflicto proporcionen un relato exhaustivo y veraz de los crímenes cometidos, reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la reparación”, afirma.

Agrega que es esencial que todos los actores respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que esta pueda desarrollar su labor, y que quienes puedan aportar información sobre el paradero de las personas desaparecidas colaboren con la Unidad de Búsqueda.

Mientras la Comisión de la Verdad trabaja incansablemente en su informe final, también es vital que la sociedad colombiana le brinde todo su respaldo.

“Reitero el firme apoyo de las Naciones Unidas a los tres componentes del Sistema Integral, especialmente ahora que no solo se enfrentan a los desafíos propios de sus complejos mandatos, sino también a las acciones de actores armados ilegales que obstaculizan su esencial labor, las cuales condeno en los términos más enérgicos”, expresa Guterres.

Hacia el futuro

El titular de la ONU recuerda que en las sociedades que están saliendo de un conflicto, las perspectivas de una paz sostenible y duradera dependen de la solidez de los logros alcanzados en las primeras etapas de la transición.

Guterres hace un llamado a las partes para que sigan trabajando conjuntamente, con gran compromiso, en los meses venideros a fin de proteger y ampliar estos logros en una ventana crucial para el progreso.

Asimismo, el Secretario valora el compromiso de las partes signatarias con la implementación del Acuerdo, el cual se evidenció en el reciente encuentro que sostuvieron el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el presidente del partido Comunes (previamente FARC), Rodrigo Londoño, un diálogo constructivo en el que las partes acordaron trabajar conjuntamente en la definición de una hoja de ruta para avanzar en la implementación del Acuerdo Final.

El Secretario General destaca que “La resiliencia demostrada por los colombianos y las colombianas de zonas afectadas por el conflicto, que aún esperan que se haga realidad la promesa de la paz, es una inspiración y un llamado a la acción, y cada esfuerzo que se haga en 2021 será determinante para que el país avance”.

“A finales de este año habrá transcurrido un tercio del plazo previsto para la implementación integral del Acuerdo Final. Con el compromiso de las partes, la activa participación de la sociedad colombiana y el firme apoyo de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, confío en que los cimientos del proceso de paz colombiano serán lo suficientemente sólidos para resistir los desafíos”, concluye.