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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que a finales de 2019 la violencia obligó a unas 720.000 personas a abandonar sus hogares, casi la mitad de ellas desplazadas dentro de sus países. Así, en Honduras el número ascendía a unas 247.000 personas y en El Salvador se cifraba en unas 71.500, mientras que el resto huyeron a otros países.

Pese a los confinamientos por la pandemia de coronavirus, en Honduras, El Salvador y Guatemala los desplazados internos y los dirigentes comunitarios informan de que los grupos delictivos utilizan los encierros para reforzar su control sobre las comunidades.

Entre los atropellos usados por esos grupos se incluye el incremento de la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia sexual y de género, así como el uso de desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas de muerte contra las personas que no cumplan sus órdenes.

Por otro lado, las restricciones a la circulación dificultan la obtención de ayuda y protección a quienes la necesitan, y las personas que se ven obligadas a huir para salvar sus vidas se enfrentan a mayores obstáculos en su búsqueda de seguridad.

La pérdida de recursos de las personas más necesitadas

Otro factor de riesgo es que el cierre progresivo de los negocios ocasiona la desaparición de los empleos informales, una situación que provoca que los habitantes de comunidades vulnerables pierdan sus únicas fuentes de ingresos.

Actualmente, muchas de estas personas tienen un acceso limitado a servicios básicos como la atención sanitaria y el agua corriente y, frente a estas complicadas circunstancias, recurren cada vez más a estrategias negativas -incluido el trabajo sexual- donde arriesgan su salud o quedan expuestos a la violencia y la explotación de las bandas de delincuentes.

Además, el hecho de que los desplazamientos internos en el norte de América Central sean intraurbanos y de que a menudo afecten conjuntamente a una persona o familia, provoca que los nuevos movimientos forzados sean difíciles de detectar.

El apoyo de ACNUR frente a la crisis

La red de líderes comunitarios en zonas de alto riesgo para identificar posibles desplazamientos comunicó a la Agencia que espera un rápido aumento de los movimientos forzados de población tan pronto como se levanten las medidas de bloqueo.

Ante esta situación, y a medida que se eliminen las restricciones de movimiento, el trabajo de ACNUR se concentrará en las actividades humanitarias más importantes.

Para brindar protección a las personas amenazadas por la violencia, la Agencia de la ONU trabaja juntamente con sus socios y las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Honduras y El Salvador con la intención de garantizar una respuesta oportuna a los riesgos más inmediatos.

En coordinación con las autoridades, también asesora a distancia y trabaja con albergues en casos de alto riesgo.

A fin de atenuar el impacto provocado por la pérdida de ingresos de las comunidades desplazadas o en situación de riesgo, ACNUR ha ampliado sus programas de asistencia en efectivo para ayudarles a satisfacer necesidades básicas como la adquisición de alimentos, medicamentos y vivienda. Al mismo tiempo, trabaja con organizaciones asociadas y autoridades locales en la distribución de cestas de alimentos y artículos de limpieza.

La Agencia de la ONU advirtió que el impacto de la pandemia en el norte de América Central amenaza con revertir los progresos en la creación de medios de vida y oportunidades de empleo para los desplazados internos; y en el aumento de la capacidad de las autoridades estatales para atender sus necesidades.