• El gobierno mexicano instruyó a la diplomática a regresar a México para resguardar su seguridad e integridad.

Staff/LA

El gobierno de Bolivia expulsó a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio.

Mediante su cuenta de twitter, la presidencia de ese país, a cargo de Jeanine Anez, declaró “personas non gratas” a la diplomática mexicana, así como a la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández.

En respuesta, la cancillería mexicana informó que tomó nota de dicha comunicación e instruyó a la embajadora Mercado a regresar a México para resguardar su integridad y su seguridad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que la representación diplomática en Bolivia continuará operando con normalidad y mientras tanto, estará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión.

“El Gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político”, señaló la SRE en un comunicado de prensa.

En la sede de la Embajada de México en Bolivia están asilados nueve altos funcionarios del ex presidente Evo Morales, depuesto el pasado 10 de noviembre.

Días atrás, la encargada de negocios de España visitó la Embajada de México en La Paz y negó que la intención fuera  “facilitar la salida de personas que se encuentran asiladas”.

Ese hecho fue considerado por el gobierno boliviano como un “abuso y atropello a su soberanía”, pues aseguró que la diplomática iba “acompañada de encapuchados presumiblemente armados”.

Además, el pasado 26 de diciembre, la SRE informó que recurriría a la Corte Internacional de Justicia por el “asedio policial” y la “persistencia del hostigamiento a la Embajada y la Residencia Oficial de México en Bolivia”.