Rossi A. G. 

· Finaliza la ‘Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’; se emiten 12 conclusiones

· Clausuran el evento, Mtro. David Fernández, Rector de la IBERO; Santiago Aguirre, director del Centro Prodh; Jan Jarab, representante en México de ONU-DH; y Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO

‘La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional’; es una de las 12 conclusiones principales emitidas durante la Clausura de la ‘Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’, organizada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y otras instituciones.

El Lic. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fue el encargado de dar lectura a dichas conclusiones, que son las siguientes:

La política de seguridad pública, enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar, no ha sido la vía eficaz para recuperar la seguridad y la paz.
La vía de recuperación de la seguridad y la paz es la seguridad ciudadana, paradigma que debe también ser sometido a debate en sus alcances, y que coloca en el centro a las personas y sus derechos fundamentales, privilegia la mayor inversión posible en la prevención y construye instituciones policiales auténticamente orientadas al servicio y la protección de la gente, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Las autoridades, la investigación científica y el activismo social deben construir procesos colaborativos sostenidos en el tiempo, orientados hacia la exploración creativa para encontrar alternativas eficaces y legítimas para la seguridad con derechos humanos. Hacen falta alternativas viables y creíbles para las mayorías.

La construcción y análisis de la evidencia debe tomar un lugar protagónico en el proceso de aprendizaje por igual de las autoridades y de la sociedad en general. Deben buscarse incansablemente los formatos de interlocución que validen colectivamente la relevancia de la evidencia para la toma de decisiones.

Las lecciones internacionales son contundentes a favor de la construcción local de la seguridad. México ya cuenta con experiencias prometedoras de seguridad en el terreno local, mismas que suelen ser invisibilizadas desde el discurso federal. Por el contrario, deben ser visibilizadas y multiplicadas y la Guardia Nacional misma debe contribuir a su fortalecimiento.

La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es parte de un ciclo histórico de debilitamiento civil que sólo será superado precisamente con el liderazgo civil incuestionable, no sólo sobre las políticas de seguridad, sino respecto al sistema político en su conjunto.

El eje de sentido de la seguridad ciudadana son las personas, en especial quienes están en mayor riesgo de ser o han sido víctimas de la violencia y de violaciones graves a los Derechos Humanos, y su columna vertebral es la transparencia y la rendición de cuentas. No habrá seguridad ciudadana sin aquéllas y éstas.

La Guardia Nacional y todas las instituciones policiales deben hacer parte y a la vez seguir los parámetros de una política integral de seguridad ciudadana, y no al revés. La Guardia Nacional y las instituciones policiales no equivalen a las políticas de seguridad. La política pública de seguridad debe estar a cargo de liderazgos civiles profesionales competentes para integrar una visión compleja e intervenciones precisamente complejas.

La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional.

La dimensión de la crisis de violencias, delincuencia y violaciones graves a los derechos humanos, debe ser enfrentada no sólo con medidas simultaneas de saneamiento y profesionalización de los aparatos de seguridad y justicia penal, lo que en especial implica el abatimiento de la corrupción y la impunidad, sino también la puesta en marcha de un proyecto de justicia transicional que implique la intervención internacional.

La Constitución ordena terminar en cinco años la intervención militar en la seguridad pública. De no haber una ruta pública, precisa, sujeta a rendición de cuentas y verificable en sus resultados para así lograrlo, estaremos una vez más ante el riesgo de prolongación de la política enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar.

Los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, desde el ámbito de sus competencias, deben cumplir un rol protagónico en la ruta de la vía civil.

En la Clausura de la Conferencia, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que las Conclusiones emitidas son muy importantes, como también lo es el proceso de seguir dialogando entre la academia, la sociedad civil organizada, la ciudadanía activa, las organizaciones internacionales y los expertos.

“Y también insistimos en el diálogo con las fuerzas políticas, con los tomadores de decisiones, hasta con las propias fuerzas armadas, porque así se construye un país y una sociedad verdaderamente democrática”.

Al término de los dos días de actividades de la ‘Segunda conferencia internacional. Seguridad ciudadana: la vía civil’, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartió que ahora queda reflexionar cómo seguir traduciendo los contenidos técnicos planteados en los paneles de la Conferencia, desde lenguajes y códigos que no apelen sólo hacia la razón y a quienes ya están

convencidos de que un cambio es necesario, sino que también apelen hacia la emoción.

“Porque lamentablemente el discurso de mano dura en la seguridad lo que fundamentalmente moviliza son emociones. Y ciertamente los últimos 10 años nos ha faltado saber lidiar contra esa puesta en juego en la escena pública, del miedo, del temor y del respaldo a la represalia como única salida a la crisis de violencia que tiene el país”.

Por su parte, el Maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, agradeció a las instituciones que junto con la IBERO convocaron a esta Conferencia: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Les quiero dar las gracias por participar de este esfuerzo, efectivamente, de encontrar una vía civil para garantizar la seguridad de todos los que habitamos en este país”.

Y ante el cuestionamiento de algunos círculos del gobierno de por qué la Iberoamericana se interesa en temas como el de la seguridad ciudadana, explicó que es porque en esta Universidad se entiende que la educación, la educación superior en particular, tiene que ver con construir un mundo donde haya seguridad, paz, justicia y pleno respeto a los derechos humanos; “si no, la educación no tiene sentido”.

“Construir una sociedad justa, segura, en paz, es la evaluación de la educación, y si la educación no consigue esto, la educación está fallando de alguna manera. Entonces, la justeza del saber universitario se juega en su contribución a los derechos humanos, a la paz, a la justicia, a la seguridad”.

Por ello, investigar el tema de seguridad, difundirlo y proponer derroteros o caminos para garantizar la es propio de la tarea universitaria. Y es por eso que la IBERO y sus aliados en esta conferencia quieren animar la discusión ciudadana, plena, abierta, independiente, autónoma y sin intereses de carácter partidario, para trastocar, primero, la aprobación social que tiene el criterio de lucro como valor supremo que yace en el fondo de la problemática de la economía criminal; y segundo, cambiar la aprobación social al criterio de fuerza que se utiliza frente al fenómeno de la inseguridad.