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Denuncia penal contra Barbosa 

Barbosa presentó en fechas pasadas su Declaración 3de3, que incluye su declaración patrimonial, de intereses y fiscal; sin embargo, ni en la declaración patrimonial ni en la de intereses se refirió a todos sus bienes ni los de sus dependientes económicos; asimismo, la declaración fiscal es una vacilada pues sólo se trata de una “opinión favorable” del SAT.

Es decir, Barbosa ocultó bienes que no presentó en esa declaración, y simuló contratos de donación por un valor de $46,000.00 para triangular bienes inmuebles de su propiedad de un valor infinitamente superior.

Asimismo, no presentó sus declaraciones fiscales ni los documentos financieros para demostrar que con su salario y prestaciones como Senador de la República, que es de menos de dos millones de pesos, anuales, pueda adquirir todos los bienes que ahora son de su propiedad; tampoco se advierte que tenga alguna otra actividad lucrativa, menos aún su esposa es su dependiente económico.

De esta manera, Barbosa Huerta, en su carácter de servidor público, fungiendo como Senador de la República, adquirió diversos bienes inmuebles ya sea por sí, a través de su esposa o de sus hijos (con sus recursos propios), sin que hasta la fecha acreditara el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de los bienes que aparezcan a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduce como dueño (bienes de su esposa María del Rosario Orozco Caballero, y de sus hijos Miguel y Rosario, ambos de apellidos Barbosa Orozco).

Además, sólo de pagos de sus tarjetas de crédito y adicionales gastaba más en gastos frívolos, anualmente, de lo que percibía como Senador.

Por esta razón es que presento la denuncia penal, acompañando pruebas de mi dicho, solicitando a la autoridad ministerial que ordene la realización de las diligencias e investigaciones que sean pertinentes para acreditar los hechos especialmente aquellas dirigidas a las autoridades hacendarias y financieras nacionales, como ante las autoridades catastrales y registrales de diversos municipios y/o delegaciones en los Estados de Puebla y la Ciudad de México, y realizar, el aseguramiento precautorio de bienes del inculpado para garantizar la reparación del daño causado.